Letras Desnudas

Mario Caballero

Comienzo este artículo advirtiendo que nada me desagrada más en un político, aparte de su deshonestidad, por supuesto, que su cinismo e indolencia.

Si de por sí se me retuercen las tripas al saber que un funcionario público tomó, desvió o malversó recursos que eran para pavimentar una calle, colocar luminarias, reparar la red de distribución de agua potable, construir una escuela o abastecer de medicamentos algún hospital, ¿cómo no indignarse que a ese mismo funcionario le valga un reverendo pepino que una persona sufra porque no hay insumos en los hospitales o porque no tiene agua en su casa y, a pesar de ello, todavía se sienta ofendido ante los reclamos de la gente?

¿Por qué digo esto?

El martes le di clic a un video que un portal informativo local de mucha preferencia entre los tuxtlecos subió en su cuenta de Twitter. En dicho video aparecía Aquiles Espinosa García, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado, que era entrevistado por un reportero de dicho medio en mención, quien le preguntaba si se estaba trabajando en resolver las problemáticas y deficiencias que presenta el sector del transporte en el estado.

Y la respuesta que dio fue: “Ese rezago es imposible resolverlo de la noche a la mañana. Es imposible. No hay, no existe un mago que lo pueda hacer”.

Pues bien, decir que la respuesta de Aquiles Espinosa fue un tremendo despropósito dado que fue entrevistado por motivo del accidente del lunes pasado donde dos personas perdieron la vida por la imprudencia y el exceso de velocidad con que el chofer del transporte colectivo manejaba la unidad, es restarle cinismo e indolencia.

Cinismo, porque es claro que busca lavarse las manos; indolencia, porque deja entrever que no le importa lo que está sucediendo, principalmente, con los usuarios del transporte público, aun cuando reconoce que es responsabilidad de la secretaría vigilar que se brinden las mínimas garantías de seguridad.

CORRUPCIÓN

A las cosas hay que llamarlas por su nombre. La gestión de Aquiles Espinosa al frente de la Secretaría de Movilidad ha sido incompetente e irresponsable.

No se niega que encontró una dependencia con un grave problema de credibilidad y corrupción. Repleta de casos de nepotismo, tráfico de influencias y compadrazgos. Con casos de exfuncionarios que llegaron al cargo con las manos vacías y que terminaron millonarios. Y es conocido que se utilizó a la institución para el pago de facturas políticas y colocar a los hijos, sobrinos, tíos, amantes, compadres y a otros recomendados.

Sin embargo, después de casi cuatro años de la actual administración no se puede segur culpando al pasado. Sobre todo, cuando vemos que la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias, los compadrazgos y las complicidades se han agravado. Para mayor vergüenza, la gestión de Aquiles Espinosa fue la impulsora de una nueva ley del transporte en el estado y ha sido la primera en violarla.

Agárrese usted: en palabras del presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas, Bersaín Miranda, Aquiles creó la nueva ley para utilizarla en su propio beneficio.

Así lo dijo: “Con relación a la ley, quiero comentar que fue hecha a modo a fin de que pudiera tener todos los actos discrecionales por demás exagerados para el propio secretario. Incluso, se dio facultades que ni el propio señor gobernador tiene con el propósito de que él (Espinosa García) pueda otorgar concesiones, pueda otorgar permisos, sin consulta”.

Y resulta que después de haber sido aprobada la actual Ley de Movilidad de Chiapas, se “regularizaron” 82 unidades de mototaxi en el municipio de San Fernando, que fue una de las primeras acciones de empadronamiento al entrar en vigor señalada ley, pero en realidad en esa localidad operan 236 unidades. Y se dice que la diferencia, que son 154 mototaxis ilegales, paga mil 500 pesos mensuales cada uno para que puedan laborar y el dinero es recaudado por Roberto Tovilla Silas, quien funge como delegado de la Zona Valles Zoque.

Una investigación realizada por esta casa periodística, descubrió que bajo esa misma modalidad la red de corrupción de Aquiles Espinosa podría estar cobrando alrededor de 9 millones de pesos cada mes nada más en el municipio de Ocozocoautla. Por si fuera poco, el cobro de sobornos incluye también a los más de dos mil 500 taxis que circulan en Tuxtla Gutiérrez como “NP” (Número Provisional), que según pagan una cuota entre 3 mil 500 y 5 mil pesos mensuales.

Y mientras esto sucede en los municipios de San Fernando, Ocozocoautla, Cintalapa y Jiquipilas, en Tuxtla Gutiérrez el sobrino de Aquiles Espinosa, un tal Alfredo López García, quien sigue presuntamente incrustado en la Secretaría de Movilidad de manera clandestina, en el año 2020 fue acusado de entregar 280 concesiones de taxi sin autorización y sin que fueran publicadas en el Diario Oficial del Estado. Dato aparte: por estas nuevas concesiones cobró 150 mil pesos por cada una, dando un total de 42 millones de pesos.

INCOMPETENCIA E IRRESPONSABILIDAD

No es un asunto desconocido que Aquiles Espinosa ha actuado en complicidad con los grandes concesionarios, con esos que son dueños de 100, 200, 300 y hasta más de mil placas de taxis y colectivos, quienes según se entienden con el subsecretario de Transporte, Felipe de Jesús Velasco Aguilar; el coordinador de Oficinas de Enlace, Manuel Pano Becerra, y Roberto Tovilla Silas, Enlace en la oficina de Cintalapa de Figueroa.

Empero, por esa misma complicidad con los concesionarios, Aquiles no puede simplemente lavarse las manos. Porque si las dos personas murieron en el accidente del lunes, es por una terrible falla en la cadena de responsabilidad que llega hasta él mismo.

Es cierto, el chofer del transporte colectivo es el principal culpable de las dos muertes. Flor de María García González y Juan Carlos Palacio Padilla fallecieron por la imprudencia y el exceso de velocidad. Fue, literalmente, un accidente de tránsito. Pero un accidente que pudo prevenirse si las autoridades de la Secretaría de Movilidad hubieran cumplido con sus funciones y obligaciones.

Por esa complicidad, una persona obtuvo el trabajo de chofer de una unidad de transporte colectivo sin estar debidamente capacitado; sin embargo, el dueño del colectivo lo contrató sin importarle este requisito, que está contemplado en el Artículo 62 de la Ley de Movilidad. Y si el concesionario lo contrató es porque nadie lo supervisa que cumpla con la normatividad. Y si ningún funcionario lo supervisa es porque hay un probable acuerdo de voltear para otro lado mediante el correspondiente pago del soborno. Y esto lo sabe el secretario del Transporte.

Así que, Aquiles, que los usuarios del transporte colectivo se trasladen en unidades viejas, deficientes y conducidas por choferes no capacitados, sí es tu responsabilidad. No andes buscando magos que vengan a resolver los problemas y los rezagos del sector transportista cuando a ti se te paga por hacerlo y cuando hasta hoy has cobrado casi cuatro años de sueldo.

@_MarioCaballero

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