Letras Desnudas
Mario Caballero
La golpiza a puño limpio que recibió ayer Ismael Brito Mazariegos es una señal clara de la ruina de su carrera.
No me refiero a que la zapatería tipo tres hermanos que le tundió Eduardo Zenteno sea el motivo de su acabose. Para nada.
Sin embargo, demuestra que aquel secretario general de gobierno que hace seis años infundía terror, ahora no es capaz de inspirar siquiera respeto.
¿Cuál será su destino?
Brito es ejemplo de lo que no debe hacerse: abusar de la autoridad, pisotear a los demás, lucrar con los recursos públicos, utilizar el aparato de justicia para someter o perseguir a los contrincantes políticos, etcétera.
Por tanto, era cuestión de tiempo para que alguien de los humillados y maltratados durante su borrachera de poder le diera un rapapolvo. Bien merecido.
RED DE CORRUPCIÓN
En una columna de hace algún tiempo mencioné que Ismael Brito construyó una estructura desde la Secretaría General de Gobierno con la que presuntamente extorsionó a los presidentes municipales y a otros funcionarios públicos y desvió recursos del erario.
También señalé que en esa estructura hay tres personajes clave. Estos son Uriel Estrada Martínez, extitular de la Auditoría Superior del Estado y hoy diputado local; Freddy Escobar Sánchez, exdirector de la Promotora de la Vivienda Chiapas y hoy también diputado local, y Sergio Alejandro Aguilar Rivera, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
Los tres cumplieron las órdenes y caprichos de Brito, pero al mismo tiempo se llenaron los bolsillos.
Estrada Martínez pasó de ser un político mediocre a un funcionario dueño de empresas constructoras, bares, restaurantes, antros, vehículos de lujo y hasta de una mansión por el rumbo del Club Campestre, en Tuxtla Gutiérrez, valuada en más de siete millones de pesos.
Freddy Escobar, quien tiene cuentas pendientes tras su paso en distintos gobiernos en Tapachula, podría ser contado entre los nuevos millonarios de Chiapas. En la reciente contienda electoral derrochó decenas de millones de pesos en propaganda política en medios impresos y digitales.
Sergio Aguilar se convirtió en un personaje extravagante, prepotente, con ademanes de bon vivant, quien presume ser dueño de empresas y residencias de lujo. Antes de ocupar el puesto en el Secretariado Ejecutivo no era más que un irrelevante maestro de Educación Física.
PERO LA LISTA SIGUE
En la lista de los integrantes de la red de Ismael Brito son más, muchos más, que operaron desde sus respectivos puestos en el Gobierno del Estado.
Debido al espacio, nombraré a los más relevantes, cuya complicidad con el llamado “Poni” representa una vil puñalada al gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
Empiezo con el doctor Alberto Cundapí Núñez, el principal brazo ejecutor de Brito Mazariegos en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), quien después de haber rendido protesta en enero pasado como suplente del diputado con licencia Felipe Granda dejó tirada la diputación.
De acuerdo con diversas denuncias, Cundapí les exigía a los proveedores el 25 por ciento de todas las licitaciones, con lo cual amasó una gran fortuna en poco tiempo.
Además, está acusado de simular operaciones por adquisición de medicamentos y equipo médico mediante la compra de facturas falsas. Ahí el motivo por el que en el Isstech no hubiera medicamentos. Y como prueba del desvío de los recursos son los informes contables que reportan cantidades millonarias por la compra de medicinas y otros insumos.
Comentan que en complicidad con su hermano Carlos, un psicólogo con un problema serio de alcoholismo que ocupa un puesto de alto rango en esa dependencia, extorsiona a los proveedores, en especial a los de insumos médicos.
Otra funcionaria implicada con Brito es la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez, quien junto con su secretario particular, Ciro Octavio Pinto León, ha defraudado a cientos de campesinos, agricultores y proveedores locales con varias decenas de millones de pesos.
Se cuenta que Pinto León es el que verdaderamente manda en los hechos en el organismo. Es el que planea, ejecuta y ordena cómo utilizar los recursos y los diferentes fondos de los programas sociales en apoyo al agro chiapaneco. En otras palabras, funge como el operador financiero.
En 2019, él y Gil Vázquez fueron denunciados por simular el pago del seguro catastrófico que nunca llegó a los beneficiarios, es decir, a los trabajadores del campo y productores. Este fraude fue ejecutado a través de la entrega de cheques sin fondos y ampara un monto global de 35 millones de pesos que siguen sin aparecer.
Aparte, se les acusa de lucrar con los programas sociales mediante el cobro de sobornos que van del 15 al 20 por ciento del importe total de los recursos asignados. De acuerdo con algunas revelaciones periodísticas, dos de esas empresas que se acomodaron al moche son Guadalupana y Conagro.
Y SIGUE TODAVÍA
Para no hacer tan cansado el tema, enunciaré a otros dos presuntos cómplices de manera rápida.
El primero, Sandro Hernández Piñón, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), quien entre otras cosas fue denunciado por utilizar recursos financieros, humanos y materiales durante el proceso de selección de los consejeros nacionales de Morena.
Fue tanta la ambición de este servidor público que, según señalamientos de diversos trabajadores de dicha institución educativa, privó de sus salarios a los docentes de los Telebachilleratos Comunitarios, dinero que –dicen- se robó. Incluso, les exigió “apoyos” en efectivo a todos los proveedores del Colegio, con la amenaza de que si no se mochaban, dejaría de comprarles.
El segundo es Carlos Aymer Albores Constantino, director del Conalep en Chiapas, quien desde que asumió el puesto ha estado denunciado por casos de hostigamiento laboral en contra de docentes y personal administrativo. También enfrenta señalamientos por despidos injustificados, amenazas y despidos forzados.
Un caso muy sonado fue el de Álvaro Cano Salinas, persona que venía desempeñando el cargo de jefe de Promoción y Vinculación, Capacitación Laboral y Certificación de Competencias, con una antigüedad de 13 años, al que bajo amenazas de los esbirros de Albores Constantino fue obligado a firmar su “renuncia voluntaria”, con la promesa de que sería liquidado con una suma de 271 mil pesos. Empero, al momento de firmar los documentos la liquidación era por 171 mil. Esto sucedió en octubre del año pasado y, al parecer, siguen sin pagarle.
El propósito de los despidos, según fuentes consultadas, era para colocar en esos puestos a los recomendados de Brito Mazariegos y a los familiares del mismo director del Conalep.
¿SERÁ INVESTIGADO?
Déjeme insistir en que el número de integrantes de la red de corrupción de Ismael Brito es mucho más grande de lo aquí expuesto, pero quiero hacerlo para que usted trate de dimensionar el nivel de saqueo y corrupción que encabezó durante estos seis años, que podría alcanzar cientos de millones de pesos.
¿Pero cuál será entonces el destino de Brito? No lo sabemos todavía. Aunque sólo aquí hay motivos suficientes para enderezarle una investigación.
yomariocaballero@gmail.com
