Ronda Política
Víctor Lara
No a la militarización es un grito de la ciudadanía en general…
La Seguridad Nacional es un servicio público, que debe ser objeto de una Política de Estado. Es, por su propia naturaleza, una tarea en la que todos deben estar comprometidos. Para ello, el Gobierno se esforzará en obtener el máximo respaldo social y parlamentario.
La colaboración y el apoyo del ciudadano son imprescindibles. Esta implicación será posible si se fomenta una cultura de seguridad sólida, basada en el previo conocimiento, concienciación y sensibilización sobre la importancia que la seguridad reviste para garantizar su libertad, prosperidad y, en suma, su modo de vida conforme a los postulados del Estado social y democrático de Derecho.
La Política de Seguridad Nacional requiere la planificación y definición de principios y líneas de actuación, capaces de dar respuestas integrales a los desafíos actuales. Necesita continuidad en el tiempo, superando los marcos temporales y las agendas políticas particulares de cada Gobierno. Por este motivo, la Seguridad Nacional se apoya en el compromiso y el consenso de todos, para actuar de forma concertada y cohesionada.
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), no incluye definición alguna en su texto e indica que la Seguridad Nacional se entiende tal y como se refiere en la Ley respectiva (Art. 3º). De hecho, en dicho texto constitucional solamente aparece citada en siete ocasiones la frase de Seguridad Nacional como sigue: primera y segunda, para hacer referencia a la reserva de información (Art. 5, Fracción A, numerales I y VIII); tercera, sobre el trato de datos personales y sus excepciones (Art. 16); cuarta, el proceso penal acusatorio y los derechos de la persona imputada (Art. 20, Fracción B, numeral V); quinta, excepciones a los derechos de la ciudadanía, y consultas populares (Art. 35, numeral VIII); sexta, facultades del Congreso (Art. 73, numeral XXXIX-M); y, séptima, facultades y obligaciones del presidente (Art. 89, numeral VI).
En julio de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó en una entrevista para el diario La Jornada: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército y que la defensa de la nación, en el caso que fuese necesaria, la haríamos todos. Que el Ejército y la Marina se convertirían en Guardia Nacional para garantizar la seguridad”.
Actualmente, las tareas operativas del Ejército mexicano están enfocadas en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, además de la construcción de obra pública y otras actividades que pueden consultarse en el Inventario Nacional de lo a militarizado del Programa de Política de Drogas del CIDE. Al menos 80 000 miembros del Ejército mexicano estaban realizando tareas de seguridad pública o de apoyo a autoridades de seguridad locales.
Esto significa que casi el 50 % del personal del Ejército se dedica a ser policía, tomando como referencia los datos públicos de la SEDENA en los que se refiere que, en 2020, contaba con 165 454 militares activos. Además, habría que considerar que sólo 23 000 de los 113 833 agentes que conforman la Guardia Nacional son propios, pues el resto son soldados y marinos “comisionados.
«Cambié de opinión».
Andrés Manuel López Obrador justificó así esta semana por qué no obligará a que los militares regresen a los cuarteles y abandonen las tareas de seguridad pública en México, tal y como propuso en repetidas ocasiones antes de convertirse en presidente del país.
Su firme apuesta por el ejército, a quien ha confiado incluso la construcción de proyectos de infraestructura emblemáticos de su mandato, dio de hecho un paso más en la madrugada de este viernes cuando quedó aprobada en el Senado una reforma legislativa impulsada por el gobierno para transferir la Guardia Nacional -una fuerza creada bajo mando civil- a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La decisión de apartar este cuerpo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que forme parte de la dependencia que aglutina al ejército y la Fuerza Aérea causó una gran polémica, entre críticas por lo que muchos organismos interpretan como una clara y progresiva militarización del país.
Entre los señalamientos más frecuentes, está el hecho de que los militares no están formados con un enfoque de seguridad ciudadana adecuado para tratar con civiles, sin olvidar los numerosos casos de torturas o desapariciones forzadas que han salpicado históricamente al ejército mexicano. «Militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos», dijo Amnistía Internacional este viernes.
López Obrador, sin embargo, defiende que este movimiento es crucial para continuar luchando contra la violencia que sigue imperando en el país y este viernes agradeció a los senadores la aprobación de la reforma «para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Sedena», dijo.
«Nos vemos en la Corte», se leía en una pancarta de la oposición en el Senado durante la votación, dado que la Constitución mexicana contempla que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil y que abre la puerta a una previsible fase de recursos judiciales contra esta reforma.
La Guardia Nacional fue creada en mayo de 2019 por iniciativa de López Obrador como una institución de carácter civil y encargada de realizar tareas de seguridad pública para reemplazar a la ya desaparecida Policía Federal, sobre la que pesaban numerosas denuncias por corrupción.
Aunque la reforma constitucional que dio lugar a su creación también establecía entonces que los militares se retirarían de las calles en 2024, el presidente es partidario de ampliar este plazo y apoyar una propuesta en la Cámara del opositor PRI que apuesta por extenderlo hasta 2028.
Si bien en la práctica la Guardia Nacional actuaba como un cuerpo bajo control militar -el 80% de sus 110.000 efectivos en 242 cuarteles provienen del ejército y la Marina-, esta reforma legal reafirma oficialmente su espíritu castrense.
«Es una clara militarización de México. Y no es solo entregar la seguridad pública al ejército: es también aumentar el poder que ya tiene, lo que es peligroso y preocupante», dice Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
«La profundización de la militarización en la administración pública va a ser muy difícil de revertir en los próximos años», alerta en entrevista con BBC Mundo
López Obrador, sin embargo, negó tales acusaciones.
«El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país», dijo esta semana.
El mandatario justificó su cambio de estrategia respecto a la retirada de las Fuerzas Armadas de las calles debido, dijo, a que resultaron la mejor opción de enfrentar los niveles de violencia que existían cuando inició su mandato y a que considera que otorgarle un carácter militar ayudará a su buen funcionamiento.
«Sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad?», reconoció.
«Nosotros no queremos un Estado autoritario, hemos luchado siempre en contra de eso, con el único afán de que (la Guardia Nacional) se consolide, que mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal».
Los datos, sin embargo, no muestran una gran mejoría en la seguridad nacional. Según MUCD, cuando en 2007 se autorizó el despliegue masivo de militares en las calles en plena «guerra contra las drogas», los homicidios se triplicaron. Y desde que la Guardia Nacional nació en 2019, lo cierto es que la cifra de homicidios anuales se ha mantenido estable entre 36.600 y 35.600.
Corresponde al Senado decidir el martes respecto el destino de la Guardia Nacional, su fusión con las Fuerzas Armadas plantea un grave problema de derechos humanos y amenaza con una mayor militarización del país.
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