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Letras Desnudas

Mario Caballero

¿Pondría usted su patrimonio al cuidado de alguien que ha sido acusado de robo? ¿Dejaría la seguridad y el futuro de sus hijos en manos de una persona sobre la que pesan averiguaciones previas por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito? ¿No? Pues el exgobernador Juan Sabines Guerrero sí lo hizo, salvo que ese patrimonio y ese futuro no eran los suyos sino de los chiapanecos.

Nacido en el municipio de Tapilula, Chiapas, y graduado como licenciado en Contaduría Pública por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, Humberto Blanco Pedrero es un viejo político emanado del PRI que durante todos los años que lleva en la administración pública se ha dedicado a elaborar los “libros blancos” de gobiernos negros.

Fue asesor en la Procuraduría General de la República, hoy FGR, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. También fue contralor general de la Secretaría de Educación Pública, comisario del Sector Educación, Ciencia y Tecnología de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, conocida actualmente como Secretaría de la Función Pública, y director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).

Llegó a esta última posición gracias al favor de Antonio Meza Estrada, entonces secretario particular de Ernesto Zedillo, cuando éste era secretario de Educación Pública. Antes había ocupado los puestos de contralor y luego de subdirector general del mismo organismo.

Sin embargo, según reportes del Órgano Interno de Control de la CONALITEG, Meza Estrada no tenía ninguna facultad para designar a Blanco Pedrero en el puesto de director general. Por tanto, se trató de una imposición, pero una imposición que tenía el fin de que éste encubriera las irregularidades y los desfalcos millonarios que Meza Estrada había cometido en la edición e impresión de libros de texto de los niveles primaria y secundaria. Sí, temía que el gobierno de Vicente Fox le fincara responsabilidades y se truncara su gestión al frente del Consulado de México en Detroit. Por eso se buscó un sucesor a modo.

No obstante, en el 2006 la PGR llamó a comparecer a Humberto Blanco al ser indiciado en la averiguación previa número 91/UEIDCSPSAJ/06-III que integró la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. Lo implicaban en el desvío de más de mil millones de pesos de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos.

Según la averiguación previa, Blanco Pedrero y Antonio Meza fueron cómplices en el desvío de 400 millones de pesos durante el periodo 1994-2000. Se descubrió que habían realizado pagos con sobreprecio en la impresión de libros de texto, beneficiando a empresas transnacionales que por asignación directa concentraban el 70% de los contratos y de éstas solo dos controlaban el 50 por ciento de los mismos.

La hoy Fiscalía General de la República documentó que en la impresión de tres millones 207 mil libros de español de segundo grado, en 1999, pagaron 37 millones 562 mil 726 pesos, cuando el precio real era de nada más 20 millones 712 mil. Nada más en este caso, desviaron 16 millones 850 mil pesos.

Por otro lado, también fueron investigados por el delito de daño patrimonial cuantificado en 367 millones 934 mil 280 pesos, derivado de la revisión de 23 licitaciones públicas nacionales para la maquila de libros de texto de primaria y telesecundaria en las materias de historia y geografía regional por los años 1999, 2000 y 2001.

El fraude, según revelaciones de la Secretaría de la Función Pública a través de la Cédula de Observaciones Determinadas, fue detectado al realizar un estudio comparativo de los precios del mercado y notaron que el precio había sido pagado en exceso.

A la sazón, su paso por la CONALITEG fue el primer gran éxito financiero de Humberto Blanco, quien jamás pagó por esos delitos.

EL SABINATO

En junio de 2007, Juan Sabines Guerrero impulsó el nombramiento de Blanco Pedrero como titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (hoy Auditoría Superior del Estado), órgano que tiene la función de fiscalizar la cuenta pública estatal y de los municipios, así como de los distintos organismos públicos del orden local. Humberto Blanco venía de enfrentar acusaciones por corrupción y desvío de recursos públicos, y a Sabines no le importó. Como dice el dicho, “puso a la zorra al cuidado del gallinero”.

Como hemos dicho en otras colaboraciones, la administración de Sabines Guerrero fue responsable de generar la deuda pública más grande en la historia reciente de Chiapas, que sumada con la deuda que dejó con los proveedores y contratistas del gobierno, supera los 40 mil millones de pesos.

Como también lo hemos comentado en entregas pasadas, todo ese dineral se hizo agua. No sirvió para crear condiciones de desarrollo y bienestar para los chiapanecos. Todo lo contrario, al finalizar el sabinato había más de 350 mil nuevos pobres, el número de habitantes en condición de pobreza alimentaria aumentó a dos millones 17 mil y a tres millones 248 mil 450 las personas en pobreza de patrimonio. Igualmente creció la crisis en el campo, la marginación de los pueblos indígenas, la migración rural y Chiapas ocupó los primeros lugares entre los estados más endeudados del país.

A esto hay que sumarle que el 80 por ciento de los municipios se declararon en quiebra en 2012. Paradójicamente, mientras creció la pobreza en la entidad, la gran mayoría de esos alcaldes terminaron convertidos en grandes potentados, con ranchos ganaderos, residencias en Cancún o en Acapulco o en la Ciudad de México, con camionetas del año y dos que tres gasolineras.

¿Quién era el responsable de vigilar que los recursos públicos se utilizaron correctamente? Ese era Humberto Blanco Pedrero, que como buen “contador de la mafia” encubrió el saqueo de Juan Sabines, blanqueó la cuenta pública y blindó a todos esos presidentes municipales que se enriquecieron bajo la complacencia del hoy cónsul en Orlando, Florida.

De acuerdo con la ley, el Órgano de Fiscalización era una institución autónoma, pero Blanco Pedrero la puso de rodillas ante el Ejecutivo estatal. Por lo mismo, Yassir Vázquez Hernández, quien endeudó a Tuxtla Gutiérrez con la obra “¡Qué viva el centro!” por más de 900 millones de pesos, los hermanos Perkins Cardoso, Nemesio Ponce Sánchez, Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho, entre otros, gozan de cabal impunidad, disfrutado una vida de lujos y excentricidades que presuntamente lograron a costa de los chiapanecos.

Humberto Blanco Pedrero renunció al OFSCE el 16 de diciembre de 2013, después de haber ocultado las irregularidades de la administración de Sabines Guerrero y exigir la cuenta pública a los presidentes municipales que tomaron protesta en octubre de 2012, quienes supuestamente lo ayudaron a tapar los hurtos de los alcaldes sabinistas. Se dice que por ese trabajo cobró la friolera suma de 50 millones de pesos.

Aquí la historia de otro personaje que también le debe cuentas a la justicia por el descalabro financiero cometido en contra del patrimonio de los chiapanecos.

yomariocaballero@gmail.com

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