Roger Heli Díaz Guillén
Chiapa de Corzo, Chiapas
Resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de bienes comunales.
En política pública no hay coincidencias, sino réplicas que obedecen a la imposición de intereses económicos y de carrera política, que ilustran la historia del agrarismo en México que ha violentado abiertamente y sin pudor político de gobierno los Derechos Humanos de poblaciones indígenas y campesinas, reviviendo el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la vida e historia de Chiapas sobre sus tierras, pueblos y territorios, que hoy es noticia que evidencia una realidad de inobservancia de los derechos Convencionales, resumidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Los años setentas y ochentas del siglo pasado fueron de mayor auge del reparto de tierras en la Selvas de Chiapas, destacando las comunidades más extensas del sureste de México: Zona Lacandona (Ocosingo, Chiapas); Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa (ambas comunidades agrarias y municipios de Oaxaca), con 614 mil hectáreas, 460 mil hectáreas y 160 mil hectáreas, respectivamente, cuya conformación adolece de las mismas irresponsabilidades de quienes les correspondió en su momento tomar la determinación de su creación.
En primer lugar, las tres Resoluciones: los interesados solicitaron acciones agrarias diferentes a las resueltas, es decir: la comunidad de Chiapas solicitó Dotación de Tierras pero le tramitaron Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales; y las comunidades de Oaxaca no solicitaron nada a través de sus representantes legales, sino la petición la realizó el Gobernador del Estado en turno, que trascribió el planteamiento de conflicto por limites que le dirigió el Presidente Municipal de Santa María Chimalapa, pero como Santa Clos: no pidieron pero les concedieron cientos de miles de hectáreas.
En segundo lugar, destaca el imperio del Poder al emitirse estas Resoluciones encimadas o empalmadas sobre acciones agrarias de Dotaciones de Ejidos que en el territorio reconocido ya existían previamente -y muchas otras acciones agrarias se encontraban en trámite- que involucran en su conjunto a más de cien poblados.
Finalmente, la tres Resoluciones Presidenciales han heredado a Chiapas conflictos sociales y agrarios que involucran Derechos Humanos Colectivos: Culturales, ambiental, territoriales y Autodeterminación de Pueblos; en los que por muchas décadas, Gobiernos Federales y Estatales han invertido miles de millones de pesos en sendos programas de diagnósticos, diálogos, conciliaciones, trabajos técnicos topográficos, reuniones interestatales, reubicaciones, etc.; cuyos resultados no fueron considerados por el Órgano Supremo de Justicia de la Nación.
En México, la solución está en la razón, la voluntad política y reconsideración de Parámetros Constitucionales; el camino: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¡Vamos!
