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Editorial

Crematorio de mascotas, ¿problema de salud pública?

Un crematorio de mascotas que inició operaciones en Terán tiene un problema serio que debe resolver la autoridad competente a la voz de ya. Resulta que esta empresa o negocio, según quiera llamársele, tiene en contra a los padres de familias de cuatro escuelas y a un sector de la población de esta zona, debido a los altos niveles de contaminación y pestilencia que arroja a la superficie cuando están en el proceso de incineración de los animales.

Apenas el martes por la noche se echaron las campanas al vuelo por la inauguración del servicio crematorio denominado “Funerales Cannino al Cielo Vip”, mismo que da ‘paz interna’ a los dueños de las mascotas que fallecen. Sin embargo, y por desgracia, a la misma hora, las protestas ciudadanas fueron parte del bullangero escenario.

Además, no pasaron ni 24 horas del hecho cuando la directora del Instituto “Leopoldo Vilchis Martínez” y vecinos colindantes, acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para presentar la queja concentrada bajo el expediente CEDH/0692/2022.

Argumentan que el caso no es nuevo, ya tiene antecedentes, fue a mediados de año cuando la empresa cerró operaciones debido a que no tenía los papeles en regla. Desde aquel entonces, los vecinos pidieron la reubicación. “Es un olor a llanta quemada y para los que viven cuadras a la redonda, se les cierra la garganta”, son las denuncias de parte de los afectados.

Videos en redes sociales muestran como el “humo carbonizado” sale por la chimenea y la gente “huye” de la zona de confort. Si estas causales ya las sabía el propietario o propietaria del negocio debió prever que esto pasaría. En Berriozábal tienen otra filial, pero ésta se encuentra fuera del municipio, en una zona despoblada, sin que generen problemas.

La misma situación podría reflejarse en estos dos casos, burdos, si usted quiere llamarlo de esta manera. Uno, las granjas avícolas que se ubican por el rumbo de Real del Bosque, y dos, la escuela Rural Mactumactzá, en Plan de Ayala. En ambos casos, cuando se edificaron estaban en la orilla de Tuxtla Gutiérrez, pero al paso de los años, la población creció y se extendió. Hoy han quedado dentro de la mancha urbana, por ello representan un problema.

Este, sin duda, será un problema porque está de por medio la salud de los pequeños, de las personas mayores de edad y de aquellos que tengan alguna enfermedad crónica. Además, la “funeraria” tiene todos los papeles en regla y eso le da derecho a permanecer en el lugar que la dirección de Ordenamiento Territorial le autorizó.

Estamos de acuerdo que quienes acuden a solicitar este servicio están en todo su derecho, pero, lamentablemente, los fétidos olores y las toxinas que arroja la chimenea, serán causa, más temprano que tarde, para que la autoridad recule y cancele su operatividad en esta zona poblada.

Una profesora ha dicho que las escenas de inconformidad de los niños son frecuentes. Alzan la mano desde su pupitre, piden acercarse para expresar: “maestra, me estoy sintiendo mal”. Una constante que, si no lo paran con una recomendación Derechos Humanos, tendrá que hacerlo la Secretaría de Educación o la misma autoridad de salud estatal.

Acá vale una reunión entre las autoridades municipales, el propietario o propietaria de la funeraria y los colonos y directivos de la escuela para llegar a un acuerdo o, mejor dicho, que los sindicatos acepten que no les queda de otra más que buscar otra zona. De lo que se trata es pensar en la ciudadanía antes que un negocio que afecte la salud de la población.

El ombudsman Juan José Zepeda Bermúdez tendrá que salir de la comodidad de su oficina para encarar este tema, como primer filtro, para darle una salida. En el escrito dirigido a él, la escuela señala que el crematorio de animales viola el derecho humano.

La representante de la escuela asegura que el problema, a un día de iniciar funciones, es ya considerado como de salud pública, por tanto, es extraño que se haya extendido el permiso a la funeraria dentro de la zona urbana.

La escuela exige respeto bajo el argumento de que quien es “primero en tiempo es primero en derecho”, ello con relación a que la ubicación de la institución educativa tiene muchos años de estar operando en el mismo lugar.

Lo contradictorio de la vida es que mientras unos piensan en darle un final feliz a sus mascotas, otros luchan por que los efectos de esta incineración no provoquen daños a la salud del cuerpo humano. Ojalá el tema tenga un final, que, si bien no sea del agrado total, por lo menos tenga presente la gratitud de las partes involucradas.

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