Ainer González / Diario de Chiapas
La iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas aprobada por mayoría durante la noche del 26 de junio por el Congreso del Estado de Chiapas, resulta un retroceso para la democracia, sostuvo el diputado priísta, Mario Sántiz Gómez.
“Quiero informarles, en un acto de rendición de cuentas y transparencia, que voté en contra del dictamen por el que se crea la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado que presentó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales porque, a pesar de que tiene coincidencias con el ordenamiento federal en la materia, considero que es un retroceso para nuestra democracia”, puntualizó.
El coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en la LXVII Legislatura, argumentó a sus homólogos durante la sesión virtual que deberían quedar atrás las malas prácticas legislativas que impiden realizar un análisis a fondo de los asuntos; como fue el caso de dicha iniciativa, misma que fue enviada un par de horas de celebrarse la sesión virtual, donde se discutieron 13 puntos.
“Mi voto fue en contra porque esta Ley ratifica una violación a los pueblos y comunidades indígenas, al no permitirles opinar sobre las reformas que se relacionan directamente con la elección de sus autoridades y su vida interna”, destacó.
El legislador consideró que con las nuevas modificaciones no se garantiza que las 12 etnias del estado estén representadas ni en el Congreso local ni en los ayuntamientos, puesto que obliga a los partidos políticos a registrar un porcentaje de candidatos y candidatas que, a su parecer resulta insuficiente; que deja como final, en los distritos y municipios indígenas seguir representados y gobernados por personas ajenas a las comunidades.
Agregó que su voto fue en contra porque, entre otras observaciones se ponen mayores obstáculos a las personas interesadas en participar por la vía independiente, lo que irá contrasentido las reformas electorales que a nivel federal se han fortalecido para los mecanismos de participación ciudadana.
Sántiz Gómez enfatizó que no hay razón para aumentar el número de firmas, que desde este momento se solicitan para obtener su registro, para candidatos a gobernador como para los puestos a ayuntamientos.
“¿Qué razón tendríamos para ponerles piedras en el camino, cuando sabemos que en los procesos electorales anteriores ha sido muy difícil no sólo que obtengan el registro, sino ganar la elección, tomando en cuenta que reciben un mínimo porcentaje de financiamiento público?”, cuestionó.
Asimismo, planteó coincidir con sus compañeras y compañeros, en que se trastoca la vida interna del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), organismo que de por sí ha estado bajo presión en los sexenios anteriores, donde le han negado el presupuesto que requieren para sostenerse y organizar los comicios.
“Hoy nuevamente se coloca al árbitro electoral contra la pared al suprimir la Secretaría Administrativa, obligándolo así a reducir gran parte de su presupuesto; y poniendo en riesgo el empleo de los trabajadores de esas áreas que se modifican”, apuntó.
“Defenderé con firmeza y convicción mi voto, porque la verdadera construcción democrática debe caracterizarse por el progreso en los derechos, el fortalecimiento de las instituciones y el mejoramiento de los procesos electorales”, finalizó.
