México debe terminar con el arraigo

Marco Alvarado/Diario de Chiapas
La inconvencionalidad de las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa en el marco legal mexicano, fue tema de análisis durante el encuentro virtual que realizó el Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad (Cecocise), de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la maestría en Defensa de los Derechos Humanos.
Con la participación de 160 personas, entre defensores de los derechos humanos y especialistas en Derecho, de México, Perú, Colombia y Paraguay, en este encuentro se analizó el caso Tzompaxtle Tecpile, y la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que determinó la eliminación de la figura del arraigo, así como la adecuación de la prisión preventiva a estándares internacionales.
Sobre esto, el coordinador de la maestría en Defensa de los Derechos Humanos, Roberto Leonardo Cruz Nuñez, informó que el Estado mexicano debe atender esta recomendación e implementar de manera inmediata todas las medidas necesarias para cumplir con la sentencia.
En dicha sentencia, se declaró la responsabilidad estatal de México por la violación a los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, en su detención y privación de la libertad por parte de agentes policiales en una carretera entre las ciudades de Veracruz y Ciudad de México en enero de 2006.
Sobre la figura del arraigo, la Corte Interamericana determinó que es incompatible a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), puesto que es una figura restrictiva, que viola per se los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia de la persona arraigada.
Asimismo, determinó que la figura de prisión preventiva, establecida en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, es contraria a la CADH debido a que no hace mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas, como las medidas alternativas a la privación de la libertad.
Leonardo Cruz Nuñez, destacó la importancia de que el Estado mexicano acate la sentencia y dé un paso hacia adelante en el respeto a los derechos humanos, terminando con la práctica del abuso de poder en el que incurren algunos policías y sus mandos.
“Vemos en las cárceles un ejemplo de estos abusos, porque hay personas que solo están ahí por carecer de una defensa”, y que llegaron a perder su libertad en condiciones poco claras y abusivas, señaló.
También comentó que el Estado mexicano deberá definir si es a través del órgano legislativo o judicial como declarará inconstitucionales los artículos que aún amparan estas prácticas.