Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Secuestros, trata, amenazas, extorsión, nulo acceso a la salud y a la justicia, son algunos de los delitos que enfrentan las personas en movilidad humana en Chiapas, hechos documentados y que preocupa a la organización Save the Children.
Para la organización defensora de los derechos de menores de edad, el discurso desde Palacio Nacional al respecto, no refleja la política real del gobierno: disolver a toda costa las caravanas migrantes con equipos antimotines, violando especialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Nos preocupa enormemente que, en nuestro país, funcionarios del Estado mexicano, traten de esta manera a quienes vienen de situaciones de alto riesgo para su integridad y sus vidas”, declaró Jorge Vidal, director de programas de Save the Children en México.
En los trabajos de documentación la ONG se topó con historias de madres migrantes que argumentan estar constantemente escapando con sus hijos en brazos de la violencia y las detenciones arbitrarias del Instituto Nacional de Migración y las fuerzas federales.
Considera de suma gravedad que los menores de edad migrantes, estén siendo detenidos o que se lleven a sus madres y padres y queden solos, a la deriva y expuestos a grupos de narcotráfico y trata de niñas y niños.
Además, el acceso a la salud es nulo, pues actualmente son organizaciones acompañantes quienes brindan atención médica a los grupos que intentan salir de Chiapas.
“Es precisamente por esta situación, que las y los migrantes han exigido al gobierno de México ser reconocidas como personas refugiadas y que sus casos sean procesados en tiempo y forma, tal y como indican las leyes y normativas de México”.
Save the Children, hizo hincapié en la cantidad de personas originarias de Haití que buscan establecerse en otros lugares del país, o buscar el asilo en los Estados Unidos. Asimismo, recordaron la situación política de Haití y el reciente sismo que provocó daños devastadores hace que el país no pueda garantizar la protección y seguridad de quienes están migrando; por el contrario, que regresen a su país les pone en peligro e incertidumbre.
“Frente a esto, el gobierno de México debe implementar una política sustentada en los derechos humanos y en la perspectiva de género, para así garantizar los derechos de quienes migran y se encuentran en nuestro país, especialmente si se trata de niñas, niños y adolescentes”, señaló Jorge Vidal.
Rememoraron al Gobierno de México su obligación de velar por el respeto, protección y acceso a los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en nuestro país, sin importar su nacionalidad, estatus migratorio o condición social.
