Ainer González / Diario de Chiapas
Debido a su documentación y denuncia de actos de violencia e impunidad, los sacerdotes que sirven en las zonas Altos, Norte y Frontera de Chiapas han enfrentado persecución, amenazas e intimidación por parte de grupos criminales.
Miguel Ángel Montoya Moreno, Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, informó que los clérigos que forman parte de la comunidad religiosa en Chiapas han experimentado personalmente el aumento de la violencia causado por grupos armados que buscan controlar el territorio.
En relación a esto, señaló que al denunciar públicamente temas de inseguridad y violencia, se han desencadenado una serie de amenazas e intimidaciones tanto contra los párrocos como contra los agentes pastorales.
“Sí, tenemos información de que algunos compañeros han recibido amenazas”, afirmó.
El párroco manifestó que, actualmente, los lugares de mayor incertidumbre tanto para la población como para la comunidad religiosa son los municipios de Chicomuselo, Frontera Comalapa, Las Margaritas, Comitán de Domínguez y La Trinitaria. Incluso añadió que en las localidades de la zona Altos, la tensión social persiste debido a la constante disputa por el territorio.
“En la zona, actualmente enfrentamos mayor tensión en lugares como Chicomuselo, Comalapa, la zona fronteriza, y también en la región de Margaritas, Comitán, La Trinitaria, e incluso en la zona Altos”, mencionó el Vicario de la Diócesis de San Cristóbal.
No obstante, Montoya Moreno resaltó que la preocupación por esta creciente descomposición social está aumentando día a día debido a la violencia generalizada, que es sin precedentes en Chiapas. Sin embargo, se abstuvo de abordar más temas debido al alto riesgo presente en la zona.
“Contamos con documentación, pero no podemos hacerla pública debido al alto riesgo en la zona. Esta violencia está ocurriendo y creemos que se debe principalmente a la disputa por el territorio, sobre todo en la frontera”, expresó.
Por lo tanto, hizo un llamado al Estado para que busque estrategias y medidas preventivas a fin de detener la criminalización de sacerdotes, defensores y defensoras de los derechos humanos, con el objetivo de garantizar el ejercicio de su labor en el estado.
