Violencia, fuera del radar federal

Marco Alvarado/
Diario de Chiapas
Mientras las imágenes de los últimos días muestran la presencia de grupos delictivos en diferentes municipios del estado, hasta el mes de agosto el gobierno federal negaba un “descontrol” en la entidad.
Al contrario de la alerta emitida por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que este fin de semana pidió la presencia efectiva de los tres órdenes de gobierno para recuperar el control en poblaciones de las regiones Fronteriza, Altos y Selva, la administración de López Obrador ubicó a Chiapas nen el lugar 31 de 32 en delitos de alto impacto, en la posición 25 de 32 en trata de personas, y en el número 26 en extorsión.
No obstante, organizaciones defensoras de los derechos humanos, agrupaciones religiosas, videos que circulan en la redes sociales y una serie de actos delictivos documentados en la prensa local, alertan de una crisis en aumento, con poblaciones en donde sus habitantes están enfrentando asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas y hostigamiento.
Ante este escenario, la administración federal se ha limitado a decir que hay una coordinación permanente entre las fuerzas de seguridad para garantizar la paz, además de atender las causas de la violencia a través de los programas sociales.
En cambio, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, alertó que muchos de los pueblos afectados son ahora “campos de batalla”, como en el caso de San Gregorio Chamic, municipio de Frontera Comalapa, en donde los pobladores vitorearon a un convoy de camionetas con personas armadas, quienes presuntamente quitaron bloqueos de vías de comunicación durante su paso por la zona.
De acuerdo con el gobierno mexicano, en Chiapas hay 80 mil campesinos en el programa Sembrando Vida, uno de los programas al que atribuyen la permanencia de la paz social, y los datos oficiales indican que no existe una situación de descontrol de violencia, muy distinta a la óptica de quienes están cerca de los municipios en conflicto, donde los grupos delincuenciales se han atrevido a crear un estado de sitio, psicosis social y narcobloqueos, situación que hasta este lunes fue atendida mediante un despliegue operativo en la región de Frontera Comalapa.