Letras Desnudas
Mario Caballero
A prueba la legitimidad del IEPC
¿Será nuevamente sancionado Carlos Morales por abusar de su cargo para promocionar su imagen y la de MORENA? ¿Por usar recursos públicos para afectar la equidad de la competencia electoral entre partidos políticos? ¿Por presuntamente coaccionar el voto de los ciudadanos mediante el condicionamiento de los apoyos de los programas sociales del Ayuntamiento?
Veamos, primero, los hechos. Todo empezó aproximadamente hace dos meses, cuando él comenzó a hacer propaganda de sí mismo a través de internet y de las cuentas oficiales en redes sociales de las dependencias del Ayuntamiento a su cargo. En la publicidad oficial, su nombre e imagen eran visibles.
De acuerdo al Artículo 134 de la Constitución, la publicidad institucional sólo debe utilizarse para educar y orientar a la sociedad, asimismo para que se sepa qué están haciendo los representantes y los funcionarios como parte de sus obligaciones, más no para hacer proselitismo. Está prohibido que los servidores públicos difundan propaganda oficial con sus nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada. Tal como Carlos Morales lo venía haciendo.
Morales fue denunciado, y el 30 de enero de 2020 la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ordenó, como medida cautelar, que toda la propaganda institucional con su nombre e imagen fuera retirada de la página oficial del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y de las redes Facebook, Twitter y YouTube. Le dio 48 horas para hacerlo.
Aunque, aparte de utilizar la publicidad oficial para promocionarse en redes sociales, Carlos Morales decidió imprimir lonas con su nombre bajo el motivo de dar a conocer las obras del gobierno municipal, y muchas de éstas están colgadas en decenas de puentes peatonales en toda la ciudad. Y hasta el día de hoy reparte en las escuelas públicas la “Gaceta Informativa del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez”, en la que también so pretexto de informar las acciones de su gestión, su imagen y nombre aparecen repetidamente en las cuatro páginas, a colores, de dicha publicación. Una persona me regaló la edición de diciembre de 2019, que ayer fue entregada a los padres de familia en un jardín de niños del barrio San Francisco.
Por ello, que también representa una clara promoción personal, todavía no hay ninguna denuncia.
Pero los hechos no paran ahí. El reciente 7 de febrero, el IEPC dio entrada a una nueva denuncia contra Carlos Morales por más violaciones a lineamientos en materia electoral.
Cito la denuncia, promovida por Iván Sánchez Camacho, presidente del Comité Municipal del PRI en Tuxtla Gutiérrez, porque merece la mayor difusión:
“El ciudadano Carlos Orsoe Morales Vázquez, presidente municipal constitucional del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien en uso indebido de su encargo público y en flagrante violación al artículo 134 párrafo 7 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presuntamente permite utilizar a los funcionarios municipales bajo sus órdenes, los colores alusivos al partido Morena en actividades oficiales institucionales del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, específicamente en la denominada “Caravana Tuchtlán” y otras, realizadas a través de la Secretaría de Salud del Ayuntamiento de Tuxtla; además de hacer franca promoción de su persona en las diversas redes sociales publicitando de las acciones de su gobierno fuera de los tiempos de difusión institucional que regula el artículo 57 fracción XXXI de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, violando a su vez el artículo 53 fracción XXII del mismo ordenamiento, así como del artículo 193 numeral 6 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas”.
Expliquemos. La Caravana Tuchtlán tiene el objetivo de llevar a las diferentes colonias de la capital servicios y apoyos a los ciudadanos. Sin embargo, desde su reactivación el 25 de enero, el personal usa uniformes en color guinda (usado por Morena) y se dice que entregan los apoyos en nombre de Carlos Morales y no del Ayuntamiento. Algunos beneficiarios de los programas sociales se han quejado de que les condicionan los beneficios con la promesa de que apoyen las aspiraciones políticas del alcalde.
Los delitos son evidentes. En primer lugar, Morales hace promoción de su persona y, al usar el color guinda, también hace de su partido. Segundo, los apoyos gubernamentales, base de su proselitismo, son pagados con recursos municipales. Tanto uno como el otro, constituyen violaciones a la ley.
FUNDAMENTOS LEGALES
El primer párrafo del Artículo 134 constitucional establece que los recursos públicos deberán administrarse con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez. Éste se relaciona con lo que estipula el Artículo 8, Fracción 3, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que obliga a todo funcionario utilizar los dineros que les fueron asignados en los fines establecidos, no para la autopromoción política.
Por otra parte, el Artículo 223 del Código Penal Federal dice que comete el delito de peculado aquel servidor público que utilice fondos del erario con el fin de promover la imagen de su persona o la de un tercero, cuya sanción podrían ser multas económicas y hasta 14 años de cárcel.
El Artículo 11 de la Ley de Delitos Electorales indica que se impondrán hasta cuatrocientos días de multa y de dos a nueve años de prisión a aquel servidor público que utilice fondos de manera ilegal en apoyo de un candidato o partido, condicione la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas gubernamentales, así como supuestamente lo ha venido haciendo Carlos Morales.
No hay que dejar de observar las sanciones que impone el Artículo 5 también de la Ley de Delitos Electorales, que a la letra dice: Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción del tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.
Como podemos ver el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, al utilizar recursos para promoverse y promover a su partido, contraviene las disposiciones legales antes descritas. Por lo cual, podría ser sujeto de multas, o ser encarcelado, o inhabilitado para ocupar otro cargo o reelegirse o, así sea el caso, destituido de la alcaldía.
LEGITIMIDAD EN JUEGO
La pregunta es si el IEPC tendrá la capacidad para imponer una sanción ejemplar a Carlos Morales y fijar un antecedente para que nunca más un servidor público en Chiapas abuse de su poder para impulsar su imagen política al margen de la ley y en detrimento de los recursos del pueblo. Los hechos son contundentes. Sólo falta que las autoridades tengan voluntad para aplicar las leyes.
Por tanto, la legitimidad del IEPC está en juego. ¿Tendrá la integridad para procesar a Carlos Morales, en aras de la legalidad, la justicia y en protección de la democracia, que es su deber supremo? Ya veremos. ¡Chao!
yomariocaballero@gmail.com
