Por la Conciencia
Roger Heli Díaz Guillén.
La secretaría de la reforma agraria fue la última estructura de la administración pública federal como secretaría de estado que atendió de forma integral a los ejidos y comunidades campesinas, indígenas y afro mexicanas del territorio nacional que suman poco más de 32 mil pueblos históricos dueños de más de la mitad del territorio nacional que emergieron de la revolución mexicana hasta el siglo XX; para emerger el dos de enero 2013 la secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano SEDATU que vio el desarrollo agrario como la oferta de infraestructura urbana para ciudades y pueblos, delegando la atención con instancias como el registro agrario nacional y la procuraduría agraria que NO atienden el desarrollo sostenible de la propiedad social en su perspectiva integral, territorial, comunitaria, cultural y natural que hoy requieren los pueblos y comunidades de México ya que sus funciones son sustantivamente de procuración de justicia y control documental agrario.
Se habla de un agrarismo mexicano centrado en la procuración e impartición de justicia agraria y la administración documental de los derechos agrarios de propiedad social ejidal y comunal, sin dirección de una secretaria que como instancia, SEDATU, únicamente atiende terrenos nacionales y expropiaciones de tierras ejidales y comunales; además de juicios agrarios donde es parte demandada y atención de algunos conflictos en el medio rural mediante el programa denominado COSOMER; dejando de atender la tierra, el territorio y sus componentes más allá de sus fines económicos para el sostenimiento familiar y colectivo que consideró el objetivo del reparto agrario en México y que se sostiene en la ley agraria vigente.
Resulta irónico pensar que existe una población que ocupa más de la mitad del territorio nacional que está obligado a transitar del desarrollo agrario al desarrollo urbano por miopía política y social, cuando lo urbano no representa ni el diez por ciento de la propiedad social de los pueblos, comunidades y ejidos para la dispersión de recursos públicos; omitiendo que el desarrollo agrario esta centrado en la optimización del territorio y sus componentes culturales y naturales apropiados mediante órdenes comunitarios inclusivos, integrales y con perspectiva sostenible; que exige de una estructura secretarial que responda a las necesidades del mundo agrario y rural del México contemporáneo.
Ciertamente las organizaciones campesinas e indígenas y la sociedad civil perdimos el objetivo e importancia en el tránsito de “reforma agraria” que significó el reparto de tierras a grupos campesinos e indígenas al “desarrollo agrario”, desatendiendo la importancia de contar con una administración pública que también transitara al desarrollo agrario pero de forma integral y no parcial y excluyente como funciona la secretaria actual SEDATU, cuya estructura secretarial en lo general está enfocada al desarrollo urbano, dejando sin presupuesto o recortando a las áreas de atención campesina, además de limitar el presupuesto para la procuración de justicia.
Hablamos de propiedad social, territorios de pueblos, población y patrimonios sociales, culturales y naturales, normas comunitarias y agrarias y; ordenanza y gobernanza; es algo más que una política pública en la dimensión de tema de seguridad nacional al amparo de la historia de las transformaciones de México, elevado a espacios geo-políticos cuyo desarrollo no puede seguir siendo atendido de forma desintegrada: la procuración e impartición de justicia; el bienestar social; el desarrollo agropecuario; el desarrollo ambiental y acciones para la sostenibilidad y recuperación de espacios como el programa nacional sembrando vida; el patrimonio cultural arquitectónico y arqueológico, inmaterial y biocultural.
La valoración del tema radica en la conciencia de quienes gobiernan y legislan; de quienes viven y sobreviven en el mundo agrario; de las organizaciones campesinas e indígenas; de la sociedad civil consiente de la importancia del mundo agrario para la vida urbana y soberanía alimentaria; donde se debe trabajar para recuperar el espacio institucional de la administración pública despojado del desarrollo urbano que es materia que trasciende el mundo agrario y rural responsabilidad de estado, aunque se reconoce que es necesario en un momento de desarrollo; para centrar su naturaleza institucional en el desarrollo integral inclusivo y sostenible con perspectiva de paridad de género recientemente institucionalizado en el mundo agrario.
Lo agrario es un derecho colectivo del que derivan derechos individuales que requieren de atención, siendo un tema del que habría que explorar la posibilidad que los sujetos colectivos agrarios, ejidos y comunidades puedan exigir la omisión institucional de atención a los componentes de sus derechos para su desarrollo iniciando por reformar el contenido del articulo 27 constitucional que delimite verdaderamente los derechos territoriales, recursos naturales, agua, bosques y selvas de los pueblos campesinos, indígenas y afro mexicanos, proponiéndose que la reforma se delimite en una estructura de cinco apartados: I. propiedad del estado (exclusiva), II. propiedad pública (compartida bajo administración federal), III. propiedad privada, IV. propiedad social (ejidos, comunidades, pueblos indígenas y afro mexicanos) y V. expropiación por causa de utilidad pública.
En este marco, el análisis invita a considerar una nueva secretaria de estado, renombrada y que emerja en el interés de atender el transito del ordenamiento territorial y derechos colectivos e individuales que a llegado a su cobertura de más del 95% en el territorio nacional, al desarrollo integral sostenible e incluyente de los componentes del territorio como son los patrimonios culturales, bioculturales y naturales; donde la tierra social se asuma como territorios de pueblos y comunidades basado en su integralidad, propiedad y formas de apropiación y relación hombre-naturaleza e inclusión de la diversidad social.
Lo agrario después del reparto de tierras y su ordenamiento va mas allá de la atención a terrenos nacionales; colonias agrícolas y agropecuarias; juicios agrarios de la que SEDATU es parte y; expropiaciones de tierras sociales que hoy se atiende. Lo agrario es un mundo que ha logrado la plataforma de reparto y ordenamiento de tierras y derechos para delimitar hoy su desarrollo sostenible, integral e incluyente con apoyo del estado que considere la intervención social comunitaria basada en la organización, gestión y desarrollo humano como motor de corresponsabilidad armónica de los órdenes natural, social, derecho consuetudinario y derecho nacional e internacional.
Este mundo feliz sentará las bases para hablar de una soberanía alimentaria y optimización de la tierra social basado en el respeto a la naturaleza, donde la secretaria aspirada sea de DESARROLLO AGRARIO SOSTENIBLE PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
