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Mataron a otro periodista, ¿y entonces?

Letras Desnudas

Mario Caballero

 

Mataron a otro periodista, ¿y entonces?

¿Cómo escribir una nota, una opinión o un reportaje sin el temor a recibir alguna amenaza o una bala en la cabeza? ¿Cómo dedicarse al periodismo, al que alguna vez Gabriel García Márquez calificó como “el mejor oficio del mundo”, si México se ha convertido en el país donde más matan periodistas?

Esas son las preguntas que desde hace años se hacen todos los que nos dedicamos a esta profesión. Lo peor, y más frustrante todavía, es que no hay respuestas.

Durante las últimas dos décadas la situación para los periodistas en México se ha vuelto cada vez más amenazante. Es el país sin guerra más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico. Y, al parecer, también donde al gobierno y a la sociedad le importan poco la vida de estas personas.

Este año ya van tres periodistas asesinados en Tijuana, el último fue Marco Ernesto Islas Flores, muerto de cuatro balazos el domingo pasado, y con él van cinco en todo el país, y ni siquiera se cumplen los dos primeros meses de 2022.

Los otros son José Luis Gamboa, quien murió por un ataque a puñaladas en el Puerto de Veracruz; Roberto Toledo, asesinado de varios disparos a comienzos de febrero en el estado de Michoacán; Margarito Martínez, ultimado frente a su casa, y Lourdes Maldonado, también ejecutada a tiros afuera de su domicilio.

Esto, por desgracia, no ha sido motivo para hacer un llamado por parte de las autoridades a fortalecer las medidas de protección a los periodistas y tampoco ha conmovido a la sociedad mexicana. Es como si no hubiera pasado nada.

¿Por qué esa falta de insensibilidad ante esta desgracia?

No digo que la muerte de un periodista merezca una atención especial. Todos los que han sido asesinados en México son igual de importantes y sus muertes duelen de la misma manera. Pero, caray, ¿desde cuándo el deceso de una persona dejó de merecer un poco de empatía y desde cuándo los asesinatos de estos profesionales son cosas que pasan así porque sí? Es como si dijéramos: “ayer llovió, qué bien; hoy mataron a otro reportero, ni modos”, ¡carajo!

 

¿QUIÉNES SON?

Los asesinatos de periodistas no son exclusivos ni responsabilidad del gobierno actual, pero el caso es que en éste tampoco ha habido un cambio ni se ve que haya la intención de hacer algo por detener los delitos contra el gremio periodístico.

El día que entró en funciones esta administración, el primero de diciembre de 2018, el periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez, del semanario Orión Informativo, fue asesinado en Nayarit. Cuatro días después fue Diego García Corona, en el Estado de México. Y luego le siguió otro y otro y otro hasta sumar 49 en lo que va de este sexenio.

Gracias a la lista que publica la organización Propuesta Cívica, sabemos los nombres de cada uno de los 148 periodistas inmolados desde que comenzó el gobierno de Felipe Calderón. En el caso de la administración actual, además de los siete citados arriba, estos son los nombres de las personas asesinadas que laboraban en la prensa:

Fredy López Arévalo, Alfredo Cardoso Echeverría, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López, Enrique García García, Saúl Tijerina Rentería, Abraham Mendoza, Jesús Alfonso Piñuelas, Israel Vázquez Rangel, Jaime Daniel Castaño Zacarías, Benjamín Morales Hernández, Gustavo Sánchez Cabrera.

También Pablo Morrugares, Luis Eduardo Ochoa Aguilar, Juan Espinoza Menera, Julio Valdivia, Arturo Alba Medina, Teresa Aracely Alcocer, Gitler Oseguera, María Elena Ferral, Víctor Fernando Álvarez, Jorge Armenta Ávalos, Alma García, José Castillo, Jorge Celestino Ruiz Vázquez, Nevith Condés Jaramillo, Erick Castillo Sánchez, Álvaro Ruiz, Fidel Ávila Gómez, Francisco Romero Díaz, Norma Sarabia, Juan Escamilla Bautista, Rogelio Barragán, Edgar Alberto Nava López, Reynaldo López Salas, Samir Flores Soberanes, Santiago Barroso, Omar Iván Camacho, Telésforo Santiago Enríquez, Rafael Murúa Manríquez y Jesús Eugenio Ramos Rodríguez.

A todos, ¿los mataron por ejercer el oficio periodístico? ¿Alguien ordenó su ejecución por el tipo de historias que venían contando? ¿Alguno de ellos estaba enredado con el crimen organizado? ¿O sólo fueron víctimas fortuitas como los casi cien mexicanos que son asesinados diariamente en el país?

Tristemente, no sabemos las respuestas y quizá nunca las sepamos porque, tal como sucede con los homicidios y feminicidios, la gran mayoría de los casos no son investigados y casi todos, más del 90 por ciento, termina en la espantosa estadística de impunidad.

Lo que sí sabemos es que un periodista es un agente de transformación social, que con su trabajo de acopio de información es capaz de descubrir delitos, fraudes y demás cosas que de otra forma hubieran permanecido ocultas, que al cuestionar a los gobiernos fortalecen la democracia, los contrapesos y la oposición al poder, y que al emitir sus opiniones pueden educar, informar y orientar a los diversos sectores de la población para tomar decisiones más certeras.

En otras palabras, la sociedad necesita de los periodistas. Son la voz, ojos y oídos del pueblo. Sin ellos no se hubiera conocido el caso de corrupción de Peña Nieto, llamado Estafa Maestra. Tampoco las implicaciones del gobierno de Calderón con el crimen organizado vía Genaro García Luna. Vaya, ni siquiera que Martha Sahagún, ex primera dama del gobierno de Vicente Fox, tenía contratada a una bruja como su asesora personal y con sueldo pagado por el Gobierno Federal.

 

INSURRECCIÓN MORAL

Por tanto, la sociedad civil debe sumarse a la condena de atentados a los periodistas. Asimismo, reclamar un cese inmediato a los hostigamientos desde el poder. Porque hay que aclarar que desde que este gobierno comenzó a desprestigiar y ningunear a la prensa que lo critica y cuestiona, aumentaron los ataques, los insultos y las muertes contra los integrantes del gremio. Muestra de ello son las cinco muertes de este 2022, que pinta que será el peor año para el periodismo mexicano, sobre todo comparándolo con los siete comunicadores asesinados el año pasado.

Es preocupante, por ejemplo, que funcionarios con un alto nivel de autoridad como Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de CFE, haya tildado a Carlos Loret de Mola como “sicario del periodismo” por revelar información sobre la fortuna de Manuel Bartlett en bienes raíces. Recordemos que, en 1984, otro colaborador de Bartlett en la Secretaría de Gobernación, José Antonio Zorrilla, ordenó el asesinato del periodista Manuel Buendía.

Urge, pues, una insurrección moral que surja desde las entrañas de la sociedad, en la que participen los medios, las organizaciones defensoras de periodistas, la Comisión Nacional y las Estatales de Derechos Humanos, las cámaras empresariales, los distintos colegios de profesionales y, por supuesto, la sociedad civil. Es hora de levantar la voz en un “¡ya basta!” contra los crímenes contra la prensa.

No nos olvidemos que la sociedad pierde una voz, un oído y un ojo crítico cada vez que asesinan un periodista, y que detrás de cada uno de ellos no sólo hay una trayectoria, un trabajo y un oficio que se realiza a pesar de las amenazas, el cansancio, la enfermedad y la falta de incentivos, sino también una familia que lo necesita, y que lo necesita bien y vivo.

 

yomariocaballero@gmail.com

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