Miguel Ruiz Acosta
La victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales mexicanas del 2 de junio fue noticia mundial. Lo que más destacaron los medios del orbe fue la condición femenina de la que será la futura presidenta de México a partir de octubre próximo. Sin desconocer la relevancia de que el país «azteca» tendrá por primera vez en su historia una presidenta, tal vez lo más relevante de esa elección no tiene que ver con el género, sino con la clase y el proyecto de nación. De haber perdido, México también tendría una presidenta mujer… pero de una naturaleza muy distinta.
Lo que estaba en juego en la elección era, en primer lugar, la posibilidad de continuar o no con el proyecto de país con orientación posneoliberal impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); o, en otras palabras, la batalla era entre una apuesta oligárquica encarnada en la candidatura de Xóchitl Gálvez (postulada por la partidocracia mexicana del PRI, PAN, PRD) y un proyecto de carácter democrático-republicano cuya cara visible es la científica Sheinbaum, pero que se ha venido construyendo por una multitud de personas, organizaciones y movimientos sociales durante las últimas décadas. La victoria de Claudia no es sólo una victoria de la militante de izquierda o de la académica comprometida; es el triunfo de un proyecto político y social de larga data que recogió las variopintas luchas del pueblo mexicano contra las políticas neoliberales auspiciadas por un sistema de poder ultracorrupto.
Después de varios intentos fracasados de alcanzar la presidencia de la República que incluyeron diferentes tipos de fraude en su contra, AMLO ganó las elecciones de 2018 con un 53% de respaldo del electorado. La brújula de su gobierno fue el pensamiento y la praxis republicana: República no sólo en tanto forma de gobierno opuesta a la monarquía y a la oligarquía, sino como aquélla que organiza la comunidad política en clave de justicia social, lucha contra la corrupción y construcción de una institucionalidad estatal que garantice el bien común por encima de los intereses particulares. Como anota AMLO en su recién publicado libro Gracias:
«No es lícito enriquecerse mediante el engaño, a costa del sufrimiento de otras personas, a expensas de los bienes comunes o en detrimento del bienestar del prójimo. La riqueza mal habida es aquella que se logra mediante el engaño, el robo, el abuso de información privilegiada o privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño. Tales formas de enriquecimiento son corruptas.»
La clave de la continuidad del gobierno de MORENA es que las palabras de AMLO se fueron haciendo carne durante los últimos seis años a través de diferentes mecanismos orientados al doble propósito de sanear las instituciones del Estado y de poner en marcha un ambicioso proyecto de Nación fundado en la mejor distribución de la riqueza, así como de la regeneración de las fuerzas productivas devastadas por cuatro décadas de neoliberalismo. Un líder sindical mexicano resumió en estos días algunos de los principales avances del gobierno saliente que permiten explicar mejor lo que denomina una «derrota histórica de la derecha mexicana«: ahorro sustantivo del erario público, pero no mediante las consabidas políticas de austeridad neoliberal, sino mediante la llamada austeridad republicana (recorte a los exorbitantes gastos de una alta burocracia dispendiosa); combate sin cuartel al robo de combustible (huachicol) de los ductos de PEMEX; cobro de impuestos atrasados y presentes a las grandes empresas, acostumbradas a no tributar; rescate de las principales empresas públicas que se encontraban al borde de la quiebra, como la ya mencionada petrolera PEMEX, así como la Comisión Federal de Electricidad.
Estas y otras medidas orientadas en ese mismo sentido permitieron liberar ingentes recursos financieros para poder cubrir una deuda social que se venía acumulando desde hace por lo menos cuarenta años. Sin descuidar la estabilidad macroeconómica (un PIB que creció en más de 3% anual durante el sexenio, aún con pandemia incluida; una tasa de inflación anual por debajo del 4% anual), las políticas heterodoxas de inversión pública, promoción del empleo e incremento de las remuneraciones salariales permitieron duplicar (y en algunas zonas como la frontera norte triplicar) el salario mínimo, al tiempo que los niveles del desempleo iban disminuyendo de forma significativa, hasta alcanzar una de las tasas más bajas a escala planetario: 2,4%. Además, igualmente republicana fue la decisión de garantizar ingresos permanentes para segmentos de la población que no están insertos en los mercados formales de trabajo: jubilados, estudiantes, trabajadoras del hogar, discapacitados, etc. Se estableció una pensión universal para adultos mayores de 65 que ronda el equivalente a 180 dólares, lo que garantiza la seguridad alimentaria de más de 12 millones de mexicanos y mexicanas. En conjunto, las medidas reseñadas se tradujeron en una reducción tanto de la pobreza como de la desigualdad, como sostiene un reciente estudio del economista Gerardo Esquivel, un experto en la temática: «hubo reducciones en las tasas de pobreza por ingresos (total y extrema), así como en la tasa de pobreza multidimensional entre 2018 y 2022. La reducción en la pobreza fue generalizada en todo el país y tuvo un mayor énfasis en los estados del sur, lo que también contribuyó a una reducción de las desigualdades regionales».
Tal vez esto es lo que permita explicar que, pese a que Sheinbaum triunfó en todos los estratos poblacionales medidos por ingresos, el apoyo recibido fue mucho más claro entre los estratos de ingresos bajos y medios.
Y, por otro lado, lo anterior también da cuenta de los furibundos ataques a MORENA de algunas fracciones de la oligarquía mexicana y sus voceros, que no logran procesar su derrota y solo alcanzan a balbucear improperios contra la voluntad de un pueblo que se pronunció a favor de la profundización del proyecto republicano y popular que triunfó por abrumadora mayoría, pues no sólo ganó Sheinbaum, sino que su partido también conquisto alrededor de las 3/4 partes de ambas cámaras. La tarea inmediata del nuevo gobierno será impulsar un conjunto de reformas constitucionales esbozadas por AMLO, entre las cuales destacan las siguientes: reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público; garantizar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad; atención médica universal gratuita; no otorgar concesiones para minería a cielo abierto y prohibir el fracking para la extracción de hidrocarburos; impedir que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación; revertir las contrarreformas neoliberales al sistema de pensiones; desprivatizar y repotenciar los 18.000 kilómetros de vías férreas que fueron concesionados a capitales transnacionales por los gobiernos anteriores; reconocer el acceso a internet como un servicio público al que tienen derecho todos los ciudadanos; y, finalmente, empujar una reforma profunda para democratizar el Poder Judicial, que hoy es uno de los principales garantes de los intereses de las oligarquías nacionales y transnacionales. En breves palabras, consolidar un proyecto democrático-republicano que ponga diques a la codicia de las élites que han venido saqueando el país durante las últimas décadas. Será tarea del nuevo gobierno y de las organizaciones populares que lo respaldan bregar porque este proyecto se vuelva realidad; de no hacerlo, las esperanzas depositadas en la futura presidenta corren el riesgo de ser defraudadas.
