Letras Desnudas
Mario Caballero
¿Por qué los electores tenemos que pagar?
La cercanía de las elecciones del año próximo apremia abrir nuevamente el debate en torno a los políticos chapulines: aquellos gobernantes que dejan el cargo o institución para competir por uno nuevo sin terminar su periodo de gobierno.
A saber, el Chapulinazo no es nada nuevo en nuestro país. Lleva ya muchos años de haber sido puesto en práctica. Incluso, es un fenómeno normal y hasta legal en los países bajo sistemas democráticos.
No obstante, ha sido duramente criticado por parte de asociaciones empresariales, organizaciones civiles, medios de comunicación, columnistas y hasta por la Iglesia católica. Valga recordar que en 2015 la Arquidiócesis de San Luis Potosí descalificó a los personajes que recurrían a esta práctica como “inmorales”.
No se trata de satanizar a los que piensan renunciar para buscar otros puestos, especialmente cuando es un asunto que no está prohibido por la ley. Pero hay muchas razones por las que se les puede cuestionar y censurar: empezando por el abandono de sus cargos.
Que un presidente municipal, por ejemplo, deje el puesto cuando todavía le falta cumplir parte de su mandato tiene consecuencias peligrosas. Menciono tres: los programas sociales, las obras y los planes que ofrecieron en campaña a sus electores; el proyecto de gobierno que prometieron cumplir fue por tres años y los herederos del puesto.
Al renunciar o pedir licencia no sólo dejan sin terminar parte de los trabajos para los que todavía tienen tiempo para concluir, sino también se irán sin entregar cuentas sobre su ejercicio de gobierno.
Para cuando el tiempo del encargo que recibieron llegue a su fin, el 30 de septiembre de 2021, serán otros los responsables de la entrega de las alcaldías. Quizá para ese momento los alcaldes que fueron electos en 2018 seguramente se habrán convertido en diputados locales o federales, y hasta habrán adquirido el tan anhelado fuero que los protegerá de ser juzgados por los delitos en que hayan incurrido durante su gestión, según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La tercera razón, tal vez más dañina que las dos anteriores, hace aún menos conveniente que los presidentes municipales renuncien de forma anticipada. Pues al frente de los Ayuntamientos quedarán personas que no fueron elegidas por los ciudadanos, sino impuestas por el alcalde chapulín a través de negociaciones, pactos políticos, componendas o complicidad con otras autoridades y los propios partidos.
Sin duda alguna, los sustitutos serán personas allegadas al presidente saliente y estarán interesados y comprometidos en proteger y encubrir las corruptelas y toda clase de delitos cometidos por quienes fueron sus jefes. Algo más. Al tener el control del Ayuntamiento también tendrán la posibilidad de desviar recursos para ayudar a sus antecesores a ganar el cargo por el que están compitiendo en la elección.
Los alcaldes sustitutos, asimismo, podrán servirse con la cuchara grande y aprovechar intensamente el tiempo que les queda de gobierno para llenarse los bolsillos con el erario, el tráfico de influencias, los diezmos por obra pública o el otorgamiento de licencias y permisos, a sabiendas de que los actos de corrupción en este país sólo se castigan por excepción.
EJEMPLOS
Para ilustrar lo anterior, los ejemplos sobran. Aunque, a la verdad, existe uno muy peculiar en la historia reciente de Chiapas y, sobre todo, de los tuxtlecos.
Cuando Juan Sabines Guerrero abandonó la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez para contender por la gubernatura del estado, movió los hilos para que en su lugar quedara la regidora ex priista Rosario Pariente Gavito, cuidándole las anchas espaldas.
“Chachita” Pariente, como se le conoce, no tenía una trayectoria política de peso que respaldara su nombramiento como alcaldesa interina. Su único mérito era la complicidad que traía desde hacía tiempo con Sabines.
Al asumir la presidencia municipal se dedicó a encubrir los desfalcos al erario, los desvíos de recursos de los distintos fondos estatales y federales; a mantener a la legión de aviadores que Sabines había dejado incrustados en la nómina y las plazas negociadas para sus amigos y compadres; a pagar las obras inconclusas, cubrir los faltantes en el SMAPA, dependencia que el hoy cónsul convirtió en su caja chica y en agencia de colocaciones.
Se dijo que Pariente Gavito había desviado dinero de las arcas municipales para financiar la campaña política de Sabines Guerrero.
Ahora que se ha comentado que Carlos Morales Vázquez estaría renunciando el próximo viernes 30 de octubre a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez para buscar una diputación federal, podría esperarse un caso muy similar al de Juan Sabines.
Si de algo está urgido en este momento Carlos Morales es de protección. Nada mejor que la que puede ofrecerle un cargo legislativo. Pues es conocido que a lo largo de su gobierno ha entregado contratos millonarios por adjudicación directa y que bajo su autorización su hermano Jorge presuntamente cobra los diezmos a los contratistas y proveedores, y que reparte las mejores obras entre empresas leales a su familia y amigos.
Pero, especialmente, le urge por la investigación que está llevando en su contra la Auditoría Superior del Estado por la compra directa de 3 mil 384 contenedores de basura que el Ayuntamiento a su cargo hizo a Veolia, su empresa favorita, por un monto de más de 28 millones de pesos. Es decir, el alcalde de origen coiteco estaría buscando otro puesto porque podría ser requerido para darle cuentas a la justicia.
Sin embargo, así como Sabines tuvo a Chachita Pariente para ocultar sus rapacerías, Carlos Morales tendría a su incondicional Karla Burguete, la síndica municipal que todo este tiempo ha sido cómplice de los malos manejos de los recursos, de las adquisiciones hechas a sobreprecio y por adjudicación directa (como la de los contenedores de basura, por ejemplo), de la renta de patrullas que se hizo al margen de la ley, del tráfico de influencias para beneficiar a empresas amigas y conceder todo tipo de licencias y permisos, del nepotismo, entre otros.
Cabe mencionar que Burguete no es hábil para el cabildeo, mucho menos para dirigir al Ayuntamiento, sino profesional para los cochupos. De ahí que ahora se ostente como una mujer de dinero, de mucho mundo, cuando hace apenas dos años vestía miserias.
CASTIGO DE LOS ELECTORES
Los políticos chapulines son un fenómeno que tristemente refleja ciertos trastornos de nuestra cultura política. ¿Cómo quedan con su electorado al renunciar al cargo? Primero les prometen obras y programas, la idea de un cambio, que serán diferentes a los anteriores gobernantes y después los abandonan sin terminar el periodo.
Los gobernantes están en su derecho de “saltar” a otros puestos. Pero, ante la falta de limitaciones legales, los ciudadanos deberíamos castigar en las elecciones a todos aquellos que abandonen sus puestos y dejen un tiradero en los municipios que gobernaban. Ya basta de que queden impunes. ¿Por qué los electores tenemos que pagar las consecuencias de su ambición política? ¡Chao!
yomariocaballero@gmail.com
