Razones
Jorge Fernández Menéndez
En Palacio Nacional ahora les ha dado por hablar de golpe de Estado, como lo hacían cotidianamente desde 2019 hasta 2021. Lo dice el presidente López Obrador y lo repiten sus coristas. Ahora el Presidente invoca el golpe de Estado nada más y nada menos que para apoyar al fallido candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, en su intento (ya caducado) de mantener esa candidatura, nombrar a su sucesor en Nuevo León y desconocer el mandatario interino que votó el congreso local.
López Obrador defiende a García porque la labor de Samuel era apoyar tácitamente a Morena haciendo el trabajo sucio contra la campaña contra Xóchitl Gálvez. Ignorando conscientemente, incluso, que lo único parecido a un golpe de estado es lo que intentó Samuel cuando ordenó a su gente invadir el congreso de Nuevo León para tratar de impedir que se eligiera un gobernador interino luego de que el propio gobernador había solicitado licencia por seis meses. El episodio recordó a las huestes de Trump invadiendo el Capitolio el 6 de enero de 2020 para tratar de impedir que se legitimara el triunfo de Joe Biden.
No llega a golpe de estado, pero sí a un flagrante desacato, el que García haga publicar lo que sea en el Periódico Oficial (equivalente al Diario oficial) del estado sin ser el gobernador en funciones, en este caso anunciando que reasume el cargo sin haberlo comunicado antes al congreso. Como lo es que García desconozca las resoluciones de la Suprema Corte sobre su pedido de licencia y la designación de su sustituto por el congreso local.
Habrá que ver qué sucede con García, con las denuncias de desacato y si la fiscalía local decide investigar y castigar a los responsables de la invasión al congreso de Nuevo León. Pero, como hemos dicho, García perdió la candidatura, puede perder definitivamente el gobierno de Nuevo León y perdió su credibilidad política.
Pero volvamos al tema del golpe de Estado. Pareciera que se quiere inseminar la idea como una estrategia electoral de miedo y como una coartada ante una hipotética elección cerrada en junio. El problema ante este discurso es que no hay ni posibilidad ni intención alguna de golpe de Estado y en todo caso, viendo cómo se ha movido el gobierno federal estos años podríamos estar más cerca de un autogolpe, que es lo que en realidad intentó Samuel García.
Para que haya un golpe de Estado, tiene que haber un derrocamiento del gobierno legítimo impulsado por un levantamiento militar, eso es válido desde el de Huerta que derrocó a Madero, hasta los golpes de Pinochet o Videla en los años 70, en Chile y Argentina, respectivamente. En todos esos casos, y en muchos más, es clave que las fuerzas armadas desconozcan el poder constitucional e impongan un gobierno por la fuerza, que puede estar encabezado por militares o civiles. Ese escenario no existe en el México de hoy.
No es la primera vez que en México se habla de supuestos golpes militares. En la época moderna, desde que existen gobiernos eminentemente civiles en el país, invocaron esa posibilidad los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo. Se volvió a hablar del tema en momentos críticos del gobierno de Miguel de la Madrid y en el 94, luego del levantamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y también en plena crisis del 95 con Ernesto Zedillo. Algunos dijeron en 1997, cuando por primera vez el PRI perdió el control de la cámara de diputados, que eso sería impedido de cualquier forma; otros pensaron lo mismo cuando asumió Vicente Fox, y se volvió a especular con ello en la crisis electoral del 2006.
Pero nunca, en ninguna de esas ocasiones, hubo una posibilidad o una hipótesis seria de un golpe de Estado, nunca las fuerzas armadas mexicanas operaron para desconocer el gobierno en turno. El ejército, la marina, la fuerza aérea mexicanas son profesionales y cumplen con su deber: se puede o no estar de acuerdo con ellos, pero no han tenido nunca en la época contemporánea, la tentación de hacerse con el poder. Por supuesto que tampoco lo percibo ahora y no conozco a nadie, que conozca a las fuerzas armadas, que lo esté planteando.
Las fuerzas armadas son garantes de la constitución y la legalidad y mientras exista un gobierno, éste o cualquier otro, que se enmarque en esa condición, lo respetarán y le darán su lealtad. Después, como ocurre ahora, se le pueden atribuir a las fuerzas armadas mayores o menores responsabilidades (incluso hasta el exceso, como ocurre en algunos temas en la actualidad) pero se trata de políticas públicas, acertadas o no.
Como en su tiempo lo hizo desde la oposición López Obrador, todo mundo está en su legítimo derecho de protestar contra las políticas, los funcionarios, sus estrategias. No estar de acuerdo con el Presidente no implica propiciar un golpe de Estado, implica ejercer un legítimo derecho. Obligar a que Samuel García respete la ley no implica darle un golpe de Estado. Más allá del discurso cotidiano tampoco están en esa lógica el poder judicial ni los distintos factores de poder que existen en el país. Es el oficialismo el que insiste sobre algo que no tiene rastro alguno de verosimilitud.
Lo que sucede es que quienes exigen que exista un pensamiento homogéneo en torno al gran líder, son los verdaderos autoritarios, los que desean que no haya ni protesta ni discrepancia alguna, son los que piensan en términos golpistas. No entienden que se descalifican a ellos mismos.
