Razones
Jorge Fernández Menéndez
Quienes dicen que el crimen organizado no interviene en política, tendría que ver lo que está ocurriendo en Ecuador para comprobar lo contrario. Más aún porque la violencia que se vive en la nación sudamericana está íntimamente relacionada con el crimen organizado mexicano y sus extensiones internacionales. Y esa violencia nace de decisiones políticas.
Parafraseando a Vargas Llosa podemos preguntarnos ¿cuándo se jodió el Ecuador? Se pueden poner sobre la mesa muchas fechas, pero en esta historia hay una de inicio: fue en 2007 cuando asumió el gobierno Rafael Correa, aliado y a la vez competidor regional de Hugo Chávez entre los movimientos de izquierda de aquellos años, y enemigo de Álvaro Uribe que había impuesto el Plan Colombia que, en alianza con Estados Unidos, había desfondado a las FARC, al ELN y a los grupos del narcotráfico.
Correa fue el que le abrió las puertas a las FARC y con ella a grupos criminales con los que las FARC tenían relación. En el libro Las FARC en México, de la política al narcotráfico (Aguilar, 2009) contábamos cómo, con base en los documentos encontrados en el campamento del comandante de las FARC, Raúl Reyes, que estaba en Ecuador, cerca de la frontera con Colombia y que fue abatido en un ataque de grupos de élite del ejército colombiano, se comprobaba ampliamente las relaciones de ese grupo armado (íntimamente relacionado con el narcotráfico) con el gobierno de Correa. Allí están documentadas las reuniones de funcionarios del gobierno ecuatoriano, entre ellos el secretario de seguridad de Correa, Gustavo Larrea, con Reyes, los compromisos adquiridos que incluían dejar que en toda la zona fronteriza actuaran libremente y con autoridades afines los integrantes de las FARC.
Las FARC ya tenía desde años atrás relación con los grupos criminales en México. Lo que comenzó durante el gobierno de Zedillo con mecanismo de intercambio de armas por droga, se intensificó con acuerdos entre un importante comandante de las FARC, el Mono Jojoy con los Arellano Félix. Ese acuerdo se fue ampliando y terminó siendo, aniquilados los hermanos, con el cártel de Sinaloa, que ya tenía como proveedor a distintas organizaciones criminales colombianas.
En ese contexto de acuerdos con Correa fue como entró el cártel de Sinaloa a Ecuador en 2009, cuando en peor momento estaban las FARC y los grupos criminales por la implementación del plan Colombia. La idea original era tener en Ecuador, ante la presión que se vivía en Colombia, una base desde donde enviar cocaína a México, donde el gobierno de Correa tenía una política contemplativa ante el narcotráfico y un profundo enfrentamiento con Estados Unidos. Y así fue como el CDS comenzó a establecer relaciones con distintas bandas y funcionarios ecuatorianos, al mismo tiempo que se apropiaban de espacios cada vez mayores.
Desde entonces, el cártel de Sinaloa tiene fuerte presencia en Ecuador. El gobierno de Correa terminó después de 10 años, en 2017, con la elección de uno de sus operadores, Lenin Moreno, que rápidamente rompió con Correa, pero mantuvo la misma política de extrema laxitud con el crimen organizado. Cuando comenzaba a decaer el gobierno de Moreno, es cuando entra en escena el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ya tenía presencia en Colombia y Ecuador desde los tiempos en que aún eran grupos ligados al CDS y a Ignacio Nacho Coronel. Pero tras la muerte del capo de Guadalajara, poco a poco esos grupos se fueron distanciando de los de Sinaloa, crearon su propia organización y comenzaron a disputar espacios propios en México. Y lo mismo sucedió en Colombia y en Ecuador. La caída del gobierno de Moreno, encontró a esas organizaciones y sus filiales locales ya enfrentadas radicalmente en todos los frentes.
Los asesinatos aumentaron de un año al otro 200 por ciento luego de la llegada de Guillermo Lasso al poder, en un gobierno de minoría y que intentó una política más dura de seguridad con un narcotráfico, que ya se había salido de las manos de las autoridades. Pero las fuerzas de seguridad, sobre todo las policías, estaban ya profundamente corrompidas y penetradas por los criminales que, además, manejaban desde las cárceles, con toda libertad, sus negocios y su guerra.
En septiembre del 2020 se produjo la peor masacre carcelaria en la que 120 reosfueron asesinados en distintos centros penitenciarios. Desde entonces ha habido unos 20 motines en las cárceles que han dejando más de 450 muertos en apenas tres años.
La violencia y la virulenta oposición del movimiento de Correa (que está prófugo, exiliado en Europa) acabaron con el gobierno de Lasso, que antes sufrió el asesinato del candidato presidencial que tenía la propuesta más enérgica en contra del crimen organizado, Fernando Villavicencio.
Todos suponían que la candidata de Correa para los comicios de 2023, Luisa González, ganaría las elecciones, pero perdió en la segunda vuelta con el joven candidato liberal Daniel Novoa, que enarbolaba una bandadera de lucha contra la corrupción y la inseguridad.
Novoa asumió el gobierno apenas en noviembre pasado y desde diciembre comenzó una ola de violencia inédita, con motines carcelarios y la fuga de los dos principales narcotraficantes, uno apodado el Fito, jefe de las bandas ligadas al cártel de Sinaloa, y el otro Fabricio Colón, de las bandas relacionadas con el CJNG.
Cuando Novoa impuso el estado de excepción, los cárteles y bandas criminales respondieron con una virtual insurrección. Novoa declaró el estado de guerra interno y ordenó, ayer, la aniquilación de esos grupos crimianles. Así está hoy esa historia comenzada en 2007 con abrazos del gobierno de Correa a grupos insurgentes y criminales.
