Razones
Jorge Fernández Menéndez
Tres procesos judiciales serán muy importantes para comprobar si la justicia realmente se mantiene independiente de los poderosos en turno o si sigue siendo altamente selectiva.
Primero, la demanda que presentaron los abogados defensores del general José Rodríguez Pérez y otros tres militares contra el subsecretario Alejandro Encinas y otros funcionarios por falsificación de documentos, contra la administración de la justicia, falsedad de declaraciones y lo que resulte, a partir del informe que presentó el subsecretario sobre el caso Ayotzinapa y sus declaraciones acusando al general Rodríguez Péres del asesinato de seis jóvenes de la normal, basándose en pruebas que resultaron ser falsas y testimonios de oídas de un criminal.
Encinas, que ha sido defendido de todas las formas posibles por el presidente López Obrador, construyó ese informe con base en pruebas que los peritajes confirmaron, y Encinas lo aceptó, que eran falsas, 460 capturas de pantalla que alguien le entregó y que el subsecretario no presentó ante el ministerio público y los peritos para verificar su autenticidad porque supuestamente desconfiaba de esas autoridades.
Una y otra vez el presidente López Obrador, sus voceros y grupos afines, han insistido en la honestidad de Encinas. No la pongo en duda, pero no es la primera vez que el ahora subsecretario ha comtido errores graves, priorizando las convicciones ideológicas a su función como funcionario público o legislador.
Los abogados defensores César Omar González y Alejandro Robledo, han sostenido que las acusaciones contra los cuatro elementos del ejército se basan en pruebas y afirmaciones falsas y “acreditan la perversión del derecho penal con fines ideológicos, que atentan contra la verdad y manchan el buen nombre del Ejército. Los miembros del Ejército no tuvieron participación en los hechos que falsamente le atribuye la comisión».
Desde el mismo momento en que se presentaron esas capturas de pantalla, fue evidente que no eran auténticas, como tendría que haberlo comprobado el subsecretario que las tenía en su poder desde marzo pasado. Es más, esas capturas de pantalla, que los peritos confirmaron que son falsas, se contradecían con elementos duros de las investigaciones, como las capturas de blackberry que hizo llegar la DEA sobre las comunicaciones de los jefes de Guerreros Unidos con sus sicarios aquel 26 de speitembre de 2014 y días posteriores y, como lo hizo notar el GIEI, incluso con las conversaciones que se tenían de esos mismos sicarios, obtenidas por otros medios.
Más grave aún, en una declaración pública, en la mañanera, el propio Encinas concluyó que el entonces coronel (ahora general en retiro) Rodríguez Pérez había dado la orden de asesinar a seis estudiantes, afirmación que, como dijeron los abogados, “corrompe el debido proceso y la presunción de inocencia” del acusado.
La otra prueba que esgrimió Encinas es el testimonio (el cuarto, contradictorio con los otros tres que había presentado con anterioridad y ofrecido cinco años después de los hechos y cuando ya había sido dejado en libertad al convertirse en testigo protegido), de Gildardo López Astudillo, El Gil, quien fue el jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Iguala y responsable directo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. El Gil tampoco aportó prueba alguna, más allá de un relato de oídas sobre la participación de alguien a quien apodaba “el coronel”. Como me dijo el general Rodríguez Pérez cuando lo pudimos entrevistar en la prisión militar del campo militar número de uno, es “una vileza y una cobardía” del funcionario, que privilegió la palabra de un criminal confeso por sobre la de un general con 44 años de servicio y con una hoja de labores impecable.
Una segunda demanda penal muy importante es la que presentó el líder del senado, Ricardo Monreal contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en la FGR, por varios delitos, entre ellos, intervención y difusión de conversaciones privadas y peculado. Ello a partir de las comunicaciones que fueron publicadas en redes sociales y en el programa “Martes del Jaguar” por la gobernadora Sansores en octubre pasado.
Además, el senador Monreal promovió una demanda de amparo contra actos ilegales de la gobernadora y otras autoridades a partir de la cual el lunes 7 de noviembre un juez de distrito le concedió a Monreal la suspensión provisional para que la gobernadora y demás autoridades, se abstengan de continuar realizando publicaciones, así como para que eliminen de internet y de las redes sociales esas publicaciones que, dice Monreal en la demanda, son “a todas luces son falsas, carentes de veracidad, objetividad e imparcialidad, además de que con su utilización las autoridades actúan con ilegalidad, rebasando sus facultades”.
No es un tema menor, porque es una acusación presentada por el líder del senado, coordinador de Morena en la cámara alta, contra una gobernadora de ese mismo partido que ha utilizado en este y otros casos, las intervenciones telefónicas ilegales para hacer proselitismo y atacar a sus rivales.
La tercera denuncia y tampoco es menor, es la que alista la fiscalía de la ciudad de México contra la del estado de Morelos, por la evidente manipulación de la autopsia de la joven Ariadna Fernanda y la protección de su presunto asesino material, el empresario Rautel N. Las pruebas son tan evidentes que obligarían, por lo menos, a la renuncia del fiscal de Morelos y sus colaboradores. Y eso debería ser sólo el comienzo.
