Razones
Jorge Fernández Menéndez
Sin duda la violencia electoral es objeto de preocupación de casi todos los observadores políticos, dentro y fuera de México, desde la conferencia del episcopado hasta el alto comisionado de derechos humanos de la ONU.
El episcopado en una amplia declaración advirtió sobre la violencia y la intromisión del crimen en el proceso electoral y llamó a firmar una declaración por la paz a los tres candidatos presidenciales. Se supone que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez lo firmarán en un evento a realizarse el próximo lunes, donde la Iglesia Católica presentará sus posiciones sobre el tema en un amplio documento.
Al mismo tiempo, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volcker Türk, en la reunión del consejo general en Ginebra, Suiza, refiriéndose a las próximas elecciones en México dijo que “este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles se debe salvaguardar de la violencia». Asombra ante ello la respuesta presidencial. López Obrador le contestó al alto comisionado diciendo que es “muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento”. No entiendo: ¿se deben salvaguardar los comicios de la violencia? Sí. ¿México es un país violento? Sin duda, son asesinados unas 80 personas al día. ¿Se debe impedir que el crimen ejerza influencia en el proceso electoral? Por supuesto. ¿En dónde está lo “tendencioso”, “comparsa” del alto comisionado de las naciones unidas?
Lo peor es que al mismo tiempo era asesinado otro candidato a alcalde, el del PT en Atoyac, Guerrero, Alfredo González Díaz. Con el ya van casi 20 aspirantes asesinados en unas elecciones que apenas están empezando y donde la violencia crece en forma imparable. Aseguró el Presidente que todos los aspirantes están protegidos y no es verdad. Hasta ahora son solo un puñado. El proceso para brindar protección es, como siempre, burocrático y discrecional, y cuanto más bajamos en las escalas políticas (o más opositores son) más desamparados se encuentran quienes quieren competir electoralmente.
Tanto es así que Claudia y Xóchitl siguen abordando en sus primeros días de campaña el tema de seguridad. Qué bueno que lo hagan y asuman compromisos, lástima que se contamine un tema que debería ser estrictamente técnico con rollos ideológicos.
Ahora la discusión estuvo en si sus propuestas de seguridad son calderonistas o no. Se puede o no estar de acuerdo con Calderón, pero lo que no se puede negar es que con el aprendizaje sobre el tema que nos tendrían que haber dado estos once años desde que Calderón salió del gobierno, debería haber más claridad sobre qué hacer porque llevamos once años de luchas fracasadas contra la inseguridad.
Hay cosas que se deben hacer ineludiblemente: hay que tener más inteligencia, más investigación, más fuerzas policiales preparadas y homologadas a nivel estatal, debe haber una justicia más expedita y clara en sus propósitos. Pero sobre todo debe existir la decisión de hacerlo. Se le podrán reprochar otras cosas a Calderón, pero no la voluntad de enfrentar a los grupos criminales.
Más allá de esto hay temas que requieren respuestas: por ejemplo ¿qué hacer con la Guardia Nacional? No veo en las circunstancias actuales que se pueda, como se ha dicho, hacer civil, por decreto, a la GN: es militar y todos sus integrantes lo son. No inventemos otra vez como se hace en cada sexenio, dejemos la GN en la Defensa.
Pero se pueden hacer muchas otras cosas: se puede, por ejemplo, quitar la policía de investigación de la fiscalía y crear un cuerpo de investigación federal fuerte, poderoso y con amplias atribuciones, una suerte de FBI. La inteligencia tiene que provenir de diferentes fuentes e instituciones y se tiene que concentrar en un organismo ligado a esa agencia de investigación que tiene que trabajar estrechamente con la Guardia Nacional y con las policías estatales, fortalecidas, depuradas y homologadas con la GN.
Al mismo tiempo hay que actuar en la fiscalía y los ministerios públicos para depurarlos y modernizarlos. Y para eso se requiere ajustar también normas de los códigos penales. No necesitamos una megacárcel, necesitamos que las cárceles, sobre todo las de máxima seguridad, lo sean de verdad y que la ley se aplique, dentro y fuera de ellas. Dicen los juristas que un sistema funciona cuando tiene leyes laxas que se aplican de forma estricta y deja de hacerlo cuando tiene normas estrictas que se aplican de forma laxa. Y eso es lo que ocurre con nuestro sistema de justicia.
Para todo eso y mucho más se necesita dinero. Y me pregunto, ¿están dispuestas las candidatas a por lo menos duplicar el presupuesto que se utiliza en seguridad? Porque a pesar del desastre que tenemos, somos de los países que menos invertimos en seguridad pública: Colombia, por ejemplo, como proporción del PIB, invierte más del triple, entre los países de la OCDE el gasto en seguridad supera el 3 por ciento del PIB, en México le destinamos sólo el 1.2 por ciento del PIB, y de los recursos que se entregan para ese objetivo muchos terminan en otros ámbitos o en esquemas no operativos. En realidad, en términos operativos el sector recibe sólo un 0.49 por ciento del PIB.
Se necesita una gran agencia de seguridad, una suerte de Homeland Security adaptado a nuestras necesidades que coordine las áreas de seguridad e inteligencia, con las nuevas instituciones de investigación, Guardia Nacional, los militares, policías estatales poderosas y homologadas por ley y un sistema de justicia que funcione y sea eficiente. ¿Están las candidatas dispuetas a hacerlo? Se requiere voluntad, dinero y un gran acuerdo político.
