Razones
Jorge Fernández Menéndez
Después de años de abandono en la lucha contra los grupos criminales, finalmente una nueva fuerza especial de tareas construida en Zacatecas ha dado un golpe contra una de esas organizaciones en el estado. Pero incluso ello demuestra el grado de empoderamiento y de sojuzgamiento de la población que ejercen los grupos criminales.
Esta semana se descubrió un campamento en el que se rescató a 15 personas, hombres, mujeres, niños, que estaban secuestradas desde hace semanas. Había atletas, ex funcionarios, dirigentes sindicales. Todos, además de estar secuestrados y de pedir rescate a sus familias, estaban obligados a hacer trabajos forzados, esclavizados: tenían que construir infraestructura para sus captores, desde cabañas hasta bases de cemento, desde zanjas para retenes hasta cocinarles.
Según la propia fiscalía de Zacatecas hay más campamentos con personas secuestradas y esclavizadas que están siendo tratando de ser localizados por las autoridades. Es probable, el porcentaje de gente secuestrada y desaparecida en esa zona alrededor de Fresnillo, en realidad en todo el estado, es enorme y son muchos quienes simplemente nunca vuelven a aparecer, incluyendo mandos de fuerzas de seguridad y militares. Fresnillo es por cierto la ciudad más insegura del país: el 97 por ciento de la población no se siente segura ni siquiera en su propia casa.
Estos mecanismos de trabajo esclavo no son algo excepcional. Desde hace años, pero sobre todo en el último lustro (en que esas organizaciones se hicieron cargo del tráfico de migrantes), el porcentaje de personas que en su afán de cruzar hacia Estados Unidos se arriesgan a un tránsito lleno de peligros desde el sur hasta el norte del país, que son secuestrados y obligados a realizar distintas tareas para los criminales, es muy alta.
Entre los hombres, muchos están obligados a ser halcones, otros son obligados a matar o torturar (¿recuerda usted el terrible video de los muchachos de Lagos de Moreno secuestrados y obligados a torturar y se supone que asesinar a sus propios compañeros de desgracia?), son filmados y de esa forma se los obliga a convertirse en sicarios; muchas mujeres y jovencitas al ser secuestradas son, en el mejor de los casos obligadas a realizar tareas “domesticas” para sus captores, desgraciadamente en muchos otros son abusadas, violadas y obligadas a prostituirse.
En las comunidades indígenas en Chiapas estamos viendo mecanismos similares: jovencitos que son secuestrados para convertirlos en sicarios o en fuerza de apoyo de los criminales; niñas, jovencitas secuestradas, incluso para filmar películas pornográficas que se comercializan clandestinamente.
No se trata sólo de tráfico de drogas y de gente, de robos y extorsiones, muchos de los grupos criminales que operan en el país explotan de todas las formas posibles a la sociedad, a la gente, incluyendo el trabajo forzado. Hay quienes dicen que los criminales se están quedando, por sus enfrentamientos y ajustes de cuentas, sin mano de obra para sus actividades. Es una verdad a medias o simplemente una mentira: están utilizando la fuerza y la impunidad existente para forzar a cada vez más personas a trabajar para ellos, ya sea como sicarios o como fuerza de apoyo, mientras que sus principales operaciones son realizadas por relativamente poca gente de confianza, que es la que en realidad controla sus negocios y sicarios.
El golpe al campamento de Zacatecas vuelve a exhibir una realidad que trasciende todo lo que podemos imaginar. El escenario es peor de lo que vemos.
Ayotzinapa y el 68.
Esta semana, el presidente López Obrador habló ampliamente de lo que sucedió el 2 de octubre de 1968, durante la masacre de Tlatelolco. Y también del caso Ayotzinapa, donde terminó aceptando que la tesis de que había “sido el Estado o el ejército” no tenía asidero con la realidad. Fue, dijo, un conflicto local que se desencadenó localmente. Después Alejandro Encinas y sus epígonos, algunos desde Palacio Nacional, dicen cualquier otra cosa. Pero lo cierto es que sí sabemos, como hemos dicho muchas veces, qué sucedió en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y lo sabemos desde hace años. Es una de esas historias donde las propias versiones oficiales son las que nos han alejado de la verdad.
También sabemos lo que sucedió el 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, aunque también se ha distorsionado la verdad. Evidentemente, la mayor responsabilidad fue, como el mismo lo asumió, del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, convencido de que había una conjura internacional contra México. El articulador de ese ataque fue el entonces secretario de Gobernación y luego presidente, Luis Echeverría.
El ataque en Tlatelolco fue realizado por el Batallón Olimpia, un grupo integrado por elementos del EMP, la Federal de Seguridad, las policías judiciales federal y de la ciudad y elementos de policía capitalina, para garantizar la seguridad en la Olimpiadas. Ese grupo se manejaba con autonomía del ejército o el EMP, dependía de Echeverría, y estaba al mando del general Luis Gutiérrez Oropeza. El encargado de esa operación, que comenzó con un ataque a los elementos del ejército que estaban como custodios del acto en la plaza de Tres Culturas, fue Carlos Humberto Bermúdez, de la sección segunda del Estado Mayor Presidencial.
El testimonio clave para saber lo sucedido y deslindar responsabilidades, lo brindó el general Marcelino García Barragán, que fue secretario de la Defensa, a Julio Scherer García y a Carlos Monsivais y está plasmado en un libro excelente, Parte de Guerra. Ahí está la verdad del 68.
