Razones
Jorge Fernández Menéndez
Tienen “propósitos propagandísticos” los ataques (quema de vehículos, asesinatos, bloqueos, robos masivos) del crimen organizado en Tabasco, dijo el presidente López Obrador, pero al mismo tiempo envió mil 200 elementos de la Guardia Nacional al estado, corrieron al secretario de seguridad pública y el gobernador, Carlos Merino. aseguraba que el estado “no sería rehén del crimen organizado”. Las autoridades indicaron que es una disputa por el control del estado entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y herederos de los Zetas. Es reflejo también de la lucha interna en el estado entre los dos grupos de poder que dividen a Morena.
En Guerrero, mientras tanto, la denuncia de un sacerdote y de un centro de derechos humanos exhibió la masacre de todo un pueblo en el municipio de Heliodoro Castillo. Se encontraron cinco cuerpos calcinados, pero se estima que los muertos fueron por lo menos 30. Al mismo tiempo, uno de los grupos criminales exhibía en redes videos dantescos de como aniquilaba a sus rivales en la misma zona, y horas después en Petatlán, era atacado un palenque de peleas de gallos, ahí murieron cinco personas y quedaron otras 15 heridas. Según las fuerzas de seguridad es uno más de los enfrentamientos por el control de la zona entre la Nueva Familia Michoacana de los hermanos Olascoaga y el cártel de los Tlacos, grupos que están asolando parte del estado de Guerrero, Morelos y del estado de México.
En Tamaulipas, la violencia y los secuestros de migrantes que son extorsionados, abusados, violados, se ha convertido en una industria criminal tan amplia que en ocasiones desplaza el narcomenudeo y otras actividades. El gobierno federal dijo que la presencia de la autoridad orilló a los criminales a liberar a los 32 migrantes secuestrados el 30 de diciembre (primero habían dicho que los habían liberado en un operativo, lo que era falso) pero no explica porqué esa misma presencia no detiene el flujo de migrantes y el secuestro y extorsión de los mismos. Algo similar ocurre en buena parte de la frontera. En Sonora, con mucha menos difusión que lo sucedido en Tamaulipas, un grupo de 20 migrantes también fue secuestrado. Es un fenómeno generalizado, pero para las autoridades federales los secuestros masivos son hechos “atípicos”. Tanto que esos secuestros no se contabilizan en los números oficiales.
El empoderamiento criminal alcanza niveles nunca visto con anterioridad. No se trata sólo de asesinatos, extorsiones, cobros de piso. Los grupos criminales imponen hasta el precio de la tortilla en muchos municipios del país y ante las denuncias que se vienen presentando desde hace meses, hay autoridades que aún se sorprenden, como la gobernadora Delfina Gómez en el estado de México. En Michoacán, los criminales imponen en algunas comunidades el uso de sus propias redes de internet, que construyen con equipos robados y antenas de las que se han apropiado: cobran 500 pesos mensuales por el servicio.
La política tampoco ha estado exenta de violencia, por más que se insista en que las que se aproximan serán elecciones pacíficas. Han sido asesinados cuatro precandidatos en un mes, tres de ellos en la pasada semana. Ricardo Taje, un joven y muy conocido empresario, que era además uno de los principales precandidatos de Morena (antes había sido del PRI) para la alcaldía de Acapulco, fue asesinado a plena luz del día en un restaurante en la zona Diamante del puerto. La semana pasada fueron asesinados Alfredo Giovanni, militante del PAN y precandidato en Cuautla, Morelos. Sergio Hueso, aspirante en Armería, Colima, era militante de MC. Y David Rey González fue asesinado en Suchiate, Chiapas, también era aspirante a la alcaldía por el Frente Amplio. Puede ser o no que todas estas muertes estén directamente relacionadas con temas políticos, pero es una demostración más de cómo la violencia marcará el proceso electoral.
Más grave aún es que no exista de parte de la autoridad un reconocimiento de la magnitud de la inseguridad y del grado de empoderamiento que han alcanzado los grupos criminales. Se lo niega porque se sabe que la inseguridad es el flanco más débil de la actual administración y por ende de la candidatura de Claudia Sheinbaum.
La más reciente encuesta de El Financiero, publicada el 3 de enero, muestra que la aprobación del presidente cayó un poco en diciembre, pero se mantiene en un muy aceptable 55 por ciento. Pero lo reprueba un 45 por ciento de los encuestados. Cuando se va a las políticas públicas ninguna sale aprobada. En el manejo de la economía tuvo apenas un 37 por ciento de opiniones favorables y un 49 por ciento de negativos, mientras que en temas de seguridad el gobierno es aprobado sólo por el 25 por ciento y un 62 por ciento reprueba la estrategia seguida. En la misma encuesta, cuando se habla de los atributos del presidente la honestidad cayó de 58 a 50 por ciento; en liderazgo la baja fue de 58 a 47 por ciento, y en capacidad de dar resultados la percepción positiva se redujo de 42 a 33 por ciento, y buena parte de esa caída está relacioanda directamente con la sensación de inseguridad que vive la población.
Todas las encuestas serias publicadas, puntos más o puntos menos, reflejan lo mismo. Se lo puede atender o se puede seguir diciendo que son campañas para “pegarle” al presidente, como él mismo sostiene, pero resulta que la realidad se encarga de confirmar, día con día, que esos números se sustentan en hechos.
