Razones
Jorge Fernández Menéndez
Uno de los funcionarios más preocupados por la deriva económica decidida desde Palacio Nacional para este último año de gobierno, es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que, como sus antecesores, Carlos Urzúa (ya en el equipo de Xóchitl Gálvez) y Arturo Herrera, hoy en un cargo en el Banco Mundial, en Washington, ha tratado en vano de impedir que el gasto estuviera políticamente etiquetado a los programas políticos del presidente de la república y sus obras principales. No son los únicos: Gerardo Esquivel o Graciela Márquez, antes, también tuvieron que dejar áreas económicas estratégicas por diferencias en el manejo presidencial del sector.
En eso López Obrador se vuelve a parecer a Luis Echeverría cuando propició la crisis económica de fin de su sexenio, quitando a sus principales funcionarios (que habían dado participado de la línea del desarrollo estabilizador), y decidió que desde ese momento “la economía se manejaría desde Los Pinos”. Pus bien, ahora se maneja desde el Palacio Nacional, y más concretamente desde la oficina presidencial, no de la cercana de Hacienda.
Son muchas las cosas que deben preocupar a Ramírez de la O, sobre todo el barril sin fondo que es Pemex: son miles y miles de millones de dólares destinado a la petrolera paraestatal que cada día produce menos, mientras su deuda supera los 105 mil millones de dólares, pese a que el gobierno federal la ha financiado con más de 800 mil millones de pesos. Está quebrada. Si a eso sumamos el despropósito de Dos Bocas, una refinería innecesaria, que sigue sin producir y que ya lleva una inversión que jamás será amortizada de 25 mil millones de dólares (el triple de lo presupuestado), se comprobará la magnitud de la preocupación que existe en Hacienda.
Otros seis mil millones de dólares se utilizaron y se seguirán utilizando durante años para pagar los bonos del cancelado aeropuerto de Texcoco (que el presidente López Obrador decidió cancelar, como él mismo lo reconoció, en contra de la opinión de sus expertos), que además se financia en parte con el impuesto aeroportuario de actual aeropuerto capitalino, el TUA, lo que le impide a éste invertir en una mejora sustancial.
Con todos esos recursos se podría haber invertido en infraestructura (imprescindible para solventar el nearshoring y cada día más deteriorada por falta de mantenimiento y crecimiento), en energía (con asociaciones privadas, estancadas por la contrarreforma energética), en salud, educación y seguridad.
Decíamos que al comenzar el sexenio quien sea la próxima presidenta se encontrará con un presupuesto ya etiquetado y casi sin posibilidades de moverse hacia políticas diferentes a las actuales. Los datos lo confirman: sólo en la pensión de adultos mayores con el aumento de 25 por ciento en este año electoral (y alcanza ya los seis mil pesos) y la reducción de la edad para recibirla, se tienen etiquetados para este 2024, unos 450 mil millones de pesos; para los subsidios de las grandes obras (el AIFA, el Tren Maya, el Corredor, Mexicana, entre otros) se destinarán, además de los gastos que generan esas obras sin terminar, unos 163 mil millones de pesos.
No se habla de gasolinazos porque al presidente no le gusta, pero la gasolina ya ronda entre los 23 y los 26 pesos por litro, casi el doble que en Estados Unidos, pero el subsidio que otorga el Estado a la gasolina es enorme: 397 mil millones de pesos al año. Se comprenderá porqué no alcanza para invertir en salud, educación, seguridad o infraestructura básica.
En la negociación para el paquete económico que se comenzó a ejercer este año, no sólo no se aceptaron las modificaciones internas que propuso Ramírez de O, tampoco las de la oposición, e incluso de algunos personajes de Morena: todo se aprobó sin cambiar ni una coma, porque esa fue la decisión presidencial.
Para Claudia o Xóchitl es una pésima noticia, porque además será muy difícil, en plena transición, hacer cambios en el paquete económico 2025 que se tendrá que aprobar apenas comience el primero de octubre el próximo sexenio. Dentro de las propias áreas gubernamentales se teme que se produzca una situación similar a la de hace 30 años cuando en las últimas semanas del gobierno de Carlos Salinas y estando ya electo Ernesto Zedillo, los mandatarios electo y saliente no se pusieron de acuerdo sobre cuándo realizar una devaluación del peso, ni un ajuste económico indispensable luego de un año crítico como lo fue 1994. Incluso no hubo acuerdo sobre mantener a las autoridades financieras, entonces encabezadas por Pedro Aspe, para que regularan ese proceso. La consecuencia fue la crisis incontrolada y brutal, de diciembre del 94, tres semanas después de que asumiera Zedillo. El costo social fue altísimo.
Muchos analistas creen (incluso lo dijo López Obrador en una mañanera) que el 2025 puede ser un año económicamente muy difícil, crítico. El problema es que la próxima presidenta tendrá muy pocos instrumentos para enfrentarlo y tendrá que decidir qué hace: si realiza ajustes, reduciendo el gasto o aumentando impuestos o ambas cosas a la vez. Y/o liberalizando la economía para que haya mayores inversiones privadas. Y todo va en contra del esquema que deja armado el presidente saliente.
No se pueden reducir los apoyos sociales, las obras estarán adelantadas, pero no terminadas (casi ninguna de ellas), y para funcionar necesitarán altos subsidios; Pemex y el sector energético sin participación privada seguirá siendo un barril sin fondo y el próximo gobierno si no muestra inteligencia, voluntad y establece un cambio de paradigmas, se tendrá que contentar, sean Xóchitl o Claudia la presidenta, con administrar la crisis.
