Reformar o destruir el poder judicial
Jorge Fernández Menéndez
Los resultados de las encuestas de Morena sobre el poder judicial no sorprendieron a nadie. Si se pregunta, sin ningún contexto, si se debe reformar el poder judicial y si jueces, magistrados y ministros deben ser electos por voto popular por supuesto que habrá una amplia mayoría que dirá que sí. Con un agregado, la mitad de todos los que hayan tenido que enfrentarse a la justicia han tenido, necesariamente, que haber perdido sus casos y ese porcentaje en automático votará en contra de los jueces, hayan acertado o no en sus sentencias.
Si se preguntara a la gente si sabe qué hacen jueces, magistrados, ministros, o como está organizado el poder judicial, qué hace la Suprema Corte o el consejo de la judicatura, tendríamos un enorme porcentaje de respuestas fallidas. Si mañana le preguntan a la gente si quiere pagar impuestos por supuesto que todo mundo dirá que no quiere pagarlos.
Y es lógico, esos no son temas que la gente tiene porqué conocer al detalle: para eso se eligen diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, presidenta, al poder legislativo y ejecutivo, para que hagan funcionar las instituciones, respetando el espíritu constitucional de las mismas.
La elección de los jueces por voto popular es una de esas malas ideas que se convierten en consignas y que cuando se quieren llevar a la realidad terminan estrellándose contra ella.
Ningún país del mundo elige, salvo Bolivia, a los miembros del poder judicial por voto directo. Y en Bolivia el ejercicio ha sido un desastre. En ese país, que lleva más de una década con ese sistema, existe una profunda inconformidad con el mismo. El sistema deja todo en manos del oficialismo: cualquier abogado tiene derecho a presentarse como candidato, un comité selecciona a los aspirantes y los entrega al congreso para que los diputados y senadores seleccionen los nombres de los que aparecerán en la lista que se le presenta a la ciudadanía para que vote, sin campaña de por medio.
Se ha insistido tanto desde la mañanera en este modelo, sin aceptar controversias, que se ha descalificado cualquier opinión contraria, incluso dentro de la propia 4T, tanto que la prometida consulta se ha convertido, ya lo anunció Morena, en un ámbito para “escuchar” a la sociedad, pero ya no para debatir la iniciativa. El presidente López Obrador llegó a preguntarse ayer que por qué tienen que opinar los especialistas de la UNAM sobre el tema. Quizás tienen que hacerlo porque no hay escuela pública con constitucionalistas y especialistas mejor calificados que en el Instituto de Jurídicas de la UNAM. Insistimos: no es verdad que elegir por voto a jueces, magistrados y ministros sea más eficiente, más transparente, más limpio, tampoco acaba con la corrupción, al contrario, la incrementa.
Hoy, los ministros y miembros del consejo de la judicatura ya se eligen por el voto de los legisladores, y es desde la judicatura que se va controlando la carrera judicial de jueces y magistrados. Se hace respetando la carrera judicial. En ese ámbito hay que hacer reformas.
El proceso de elección propuesto no tiene sentido alguno. Pero distorsiona toda la carrera judicial. Los jueces, magistrados y ministros que ya están en esos cargos quién sabe si serían propuestos o si ganarían una elección, donde además no podrán ni siquiera presentar sus opiniones porque no habría campañas. ¿Cómo se elegirían entonces? Por consigna partidaria: sería el partido mayoritario quien decidiría las candidaturas, quien pondría a los candidatos y quien los elegiría. ¿Garantiza eso que estén más cercanos a la gente y que no haya corrupción? Por supuesto que no: imaginemos quién ganaría en Badiraguato; en Frontera Comalapa; en la montaña de Guerrero o en la Tierra Caliente del estado de México y Michoacán, o en la Gustavo A. Madero en la ciudad de México.
Veamos las recientes elecciones: hubo 32 candidatos asesinados, muchos otros se retiraron o decidieron sencillamente no presentarse a las elecciones por las presiones criminales.
Imaginemos el nuevo sistema de seguridad que quiere impulsar Claudia Sheinbaum, con mayor inteligencia, mayor investigación, nuevas policías locales, con una Guardia Nacional profesionalizada. Imaginemos por un momento la coordinación con esos nuevos jueces que dependerán en muchos lugares del país de la relación que establecieron con factores de poder, locales o globales, muchos del ámbito criminal, ¿a quién responderán? ¿a esas nuevas fuerzas policiales y de seguridad o a quien los colocó en esa posición?
Son mil 650 integrantes del poder judicial que, con aciertos y errores, han hecho una carrera judicial y miles de funcionarios que trabajan con ellos y que terminarán, muchos, en la calle o sin poder participar en el proceso de selección, simplemente porque no tienen un patrocinador o porque no fueron nominados por el partido con mayoría legislativa ¿qué estarán dispuestos a hacer para conservar sus posiciones o por dejar una huella antes de ser desplazados?
Estoy convencido de que necesitamos una reforma del poder judicial y que se deben realizar profundos ajustes, sobre todo para garantizar la certidumbre, la eficiencia y la lucha contra la corrupción, manteniendo la autonomía del propio poder judicial. Un poder judicial sin autonomía y atado a factores de poder externos no tiene razón de ser, pierde su esencia. Muchos jueces cumplen con su responsabilidad en condiciones muy difíciles y la norma no es la corrupción. Hay que respetarlos.
Existe una profunda diferencia entre los conceptos de reforma y el de destrucción. Hay que reformar el poder judicial, no destruirlo.
