Razones
Jorge Fernández Menéndez
Para Bibiana, que comienza un
nuevo ciclo y que merece todo.
Y finalmente Tesla instalará su fábrica en Nuevo León. Después de dos videollamadas entre el presidente López Obrador y el empresario Elon Musk, se confirmó lo que el propio mandatario había intentado evitar, que la principal manufacturera de automóviles eléctricos invirtiera en ese estado, argumentando algo que no era cierto: la falta de agua para una empresa de esa magnitud.
Desde la cancillería, donde jugó un papel fundamental la subsecretaria Martha Delgado junto con todo el equipo que encabeza Marcelo Ebrard, y desde el estado de Nuevo León, se hizo saber que esa empresa necesitaba poca agua, que la misma era tratada y que en ese sentido hay excedente en el estado, pero, además, Tesla construirá su propia planta de tratamiento. El agua no era tema, lo era la decisión gubernamental de dirigir políticamente esa inversión.
Un flujo de dinero enorme y que significa mucho más que la construcción de una planta que producirá un millón de vehículos eléctricos al año: implica la multiplicación en distintos puntos del país de empresas que servirán para aprovisionar esa planta y en el futuro mucho más, porque Tesla abarca desde los vehículos automotrices hasta la industria aeroespacial (que ya ha logrado un desarrollo importante en Querétaro y el Bajío). Adicionalmente es un paso importante en un proceso en el que estamos muy atrasados por la miopía institucional: la transición hacia una movilidad que utilice cada vez más energías limpias y no fósiles.
Es una muy buena noticia, pero demuestra la forma poco racional en que se toman muchas decisiones económicas, basadas más en ocurrencias o percepciones alejadas de la realidad actual, que en estudios serios. Plantear que Tesla no se podía afincar en Nuevo León era, sencillamente, insensato y argumentar que eso era así por la falta de agua era no conocer siquiera cómo funcionan este tipo de plantas. Agregar que las inversiones de este tipo tenían que dejar de ir hacia el norte para concentrarse en el sureste, ignora las exigencias que impone el llamado nearshoring, la necesidad de contar con mercados cercanos (la planta de Tesla en Santa Catarina estará a seis horas de carretera de su central en Austin, Texas) y de mano de obra calificada.
Lamentablemente en el sureste del país no se está invirtiendo, salvo en la zona hotelera de la Riviera Maya y Cancún, en nada de eso. Las condiciones para la inversión se deben crear, no se pueden decretar. Y haber rechazado la inversión de Tesla le hubiera hecho al país más daño aún que la cancelación del NAIM o de la planta de Constellation Brands en Mexicali.
Pero también todo esto tiene una lectura política. Se pudo cancelar el NAIM o la cervecera de Mexicali porque esta administración estaba en la cúspide de su poder político. Hoy ya no es así. Cuatro años con escaso crecimiento económico, tres años de una pandemia muy mal atacada, con la seguridad en entredicho, y con crecientes enfrentamientos con la Casa Blanca y distintos centros de poder en Estados Unidos y Canadá, dejan mucho menos campo de maniobra.
Lo de ayer en la mañanera es difícil de explicar. Primero el presidente López Obrador justificó la inversión de Tesla, que afortunadamente sí se realizará, utilizando todos los argumentos que hace unos días utilizó uso para decir que el gobierno federal no la autorizaría en Nuevo León, como si lo de la semana pasada no hubiera existido.
Luego sin pregunta expresa de por medio, se lanzó contra el departamento de Estado por el comunicado que el lunes hizo público el gobierno de Estados Unidos apoyando los deseos de un sistema electoral democrático y autónomo en México, indirectamente respaldando la movilización del domingo en la ciudad. En un torbellino declarativo, el mandatario se fue contra el secretario de Estado, Anthony Blinken, contra los principales medios internacionales, contra los manifestantes del domingo, habló de conspiraciones internacionales y aseguró que Estados Unidos no es una democracia, porque es un país cuyo sistema político está dominado por la oligarquía y que en México gobierna el pueblo. Eso sí, dijo que en todo eso el presidente Biden y la Casa Blanca no tenían nada que ver, que era una perversión del departamento de Estado, como si éste fuera independiente del presidente del que depende directamente.
Pero el tema va más allá aún. Desde que fue detenido Genaro García Luna y más aún después de la condena derivada de su juicio, aquí hemos dicho que este gobierno no entiende que la amenaza está dirigida directamente contra esta administración. En el pasado podrá haber otros García Luna, pero cuando la DEA o el departamento de Justicia hablan de ese proceso se están refiriendo a la actualidad, a la crisis de opiacios y de fentanilo que cuando fue funcionario García Luna ni siquiera habían comenzado.
Pueden festinarlo ahora, pero lo cierto es que la presión por el tráfico de fentanilo no es para los funcionarios del pasado sino para los actuales y con la misma discrecionalidad con que se actuó contra García Luna se puede actuar el día de mañana contra cualquier funcionario actual.
Ayer el departamento de Justicia volvió a insistir en la extradición de Ovidio Guzmán y no sacan el dedo del renglón respecto a Rafael Caro Quintero. Esa es la espada de Damocles que pende sobre la actual administración. Quizás es una de las razones que explican que, luego de querer condicionar las inversiones de Tesla, finalmente hayan doblado las manos.
