- Congreso del Estado pide a la Auditoría Superior del Estado inicie de inmediato una revisión en la compra directa, sin licitar, que hizo el Ayuntamiento por más de 28 mdp a Veolia
- Uriel Estrada deberá comprometerse investigar a fondo y con objetividad e imparcialidad, los presuntos actos irregulares del alcalde de Tuxtla
Ainer González / M de R / Diario de Chiapas
Se terminó el espacio para la simulación de Carlos Morales Vázquez. Su administración deberá rendir cuentas por haber ignorado la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, en la compra directa de 3 mil 834 contenedores de basura a la empresa Veolia Residuos Tuxtla SA. de CV.
En un acto inédito, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado solicitó a la Auditoría Superior del Estado que determine una auditoría en tiempo real al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y no esperar a que presenten la Cuenta Pública ante el Congreso local, como normalmente ocurre.
Lo anterior, derivado de la solicitud realizada a la Comisión de Vigilancia por el diputado Juan Salvador Camacho Velasco y luego de que Diario de Chiapas expuso lo denunciado por la regidora Adriana Guillén Hernández, quien alertó de la compra sospechosa por más de 28 millones de pesos, sin haber realizado la licitación que ordena la Ley, en agravio de las arcas públicas y el interés de los tuxtlecos.
ASE deberá responder en dos o tres días
La diputada Ana Laura Romero Basurto mencionó que la Comisión a su cargo solicitó la revisión y fiscalización de la situación irregular denunciada para que a la brevedad posible, el ente fiscalizador inicie y practique la investigación al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a efectos de aclarar, demostrar y comprobar que en dicha acción se consideraron las modalidades y criterios establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas y en caso de existir evidencias suficientes o inconsistencias, se proceda conforme a derecho.
En este sentido, expresó que “las y los diputados que integramos la actual legislatura local tenemos un compromiso firme con la cultura de la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas de los recursos públicos, es una obligación con el pueblo de Chiapas que nos dio la confianza para representarlos y a ellos nos debemos”.
El documento enviado al órgano auditor donde solicita una revisión en concreto al procedimiento de compra de los contenedores, el tiempo y el término de respuesta al oficio podría estar en un lapso de dos a tres días; sin embargo, para el inicio de un procedimiento de auditoría al Ayuntamiento capitalino será la ASE quien determine dicha acción.
En cuanto a la denuncia por la regidora Adriana Guillén Hernández, Romero Basurto señaló que como funcionarios de cualquier partido e instancia están en su derecho de denunciar lo que se considere como irregular, por lo que consideró que el tema no debe ser polarizado por la autoridad.
“Hoy que somos gobierno y hoy la oposición, estos partidos están en su derecho de hacer las denuncias públicas… esto no tiene que ver ni es una guerra entre partidos políticos, ni es un tema político creo yo, creo que la regidora está en todo su derecho”, explicó.
Este hecho enfureció a Carlos Morales, quien al verse exhibido no tuvo más que realizar un pequeño informe improvisado este martes, en el que pretendió defender lo que el Congreso del Estado considera una posible contratación irregular, que debe ser investigada de inmediato, porque las pruebas que presentó la Comisión de Vigilancia del Congreso estatal resultan suficientes para este procedimiento.
Busca alcalde ‘chivos expiatorios’ a sus actos de corrupción
Carlos Morales debe enfrentar su responsabilidad, explicar, aclarar y demostrar que no violó los criterios legales. Debe hacerlo ante la autoridad competente, en lugar de insistir en esconderse, primero en su síndica, Karla Burguete Torrestiana, y luego improvisando un informe en el que culpó a los medios de comunicación y a la regidora por haber expuesto ante los ciudadanos que, como lo demostró la funcionaria municipal, sí hay otras opciones para adquirir estos contenedores, a precios competitivos y con la calidad exigida.
En este informe para lavarse las manos, habría que precisarle al edil varias interrogantes que dejó en el aire y que dan razón a sospechar más de la serie de actitudes que conllevan a esconder sus actos corruptos.
Por ejemplo, es evidente que no pudo ocultar su preocupación, porque hace señalamientos sin fundamentos contra la regidora y si estuviese seguro no tendría por qué denostar, sino probar porqué realizó una compra directa y no licitó.
¿Quiso sorprender que vivimos momentos excepcionales por la pandemia y las lluvias? Eso no es una justificante válida. ¿Por qué justifica comparativos de empresas que no ofertaban, lo que, según cita, la mejor oferta como la favorecida de la compra directa?
Y si así hubiese sido, le daría razón a su argumento de que con mayor razón debería haberse licitado, por el monto y así hubiese constancia de otras ofertas.
Su accionar demuestra lo que ha hecho desde que llegó al poder: su falta de institucionalidad al requerir hacerse de las compras directas sin licitación y sin pasar por encima la votación del Cabildo, es decir, menospreciar la normatividad legal establecida para dar certeza jurídica y confiabilidad de la equidad y la transparencia en las compras.
No obstante, Carlos Morales ha preferido inventarse enemigos. Se equivoca cuando señala que la observación pública de sus actos va en contra del desarrollo de la capital. Todo lo contrario, y él lo sabe. Sólo que su interés particular está dañando aún más el andamiaje financiero de la capital de Chiapas ¿Con qué objetivo?
Nada más equivocada que su postura, porque conviene recordarle que está obligado a encabezar una transformación de la administración pública, y al no hacerlo contraviene lo ordenado por el Ejecutivo federal y estatal.
Destapar ‘cloaca’, en la cancha del Legislativo y en la ASE
El juego para desenmascarar otro presunto acto de corrupción en el gobierno de Tuxtla está ahora en la cancha del poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado, cuyo titular, José Uriel Estrada Martínez, deberá comprometerse a investigar a fondo y con objetividad e imparcialidad lo que se consideran pruebas válidas.
Si cumple con su trabajo estará blindando además a la Auditoría, cuyo trabajo resulta fundamental para garantizar que sí ocurra la transformación de la vida pública, que todos los días recuerda el presidente Andrés Manuel López Obrador, como su mayor promesa a los electores.
Y que se cumpla depende en gran medida de que personajes de la medianía política como Carlos Morales, no quieran beneficiarse del interés público, y luego descaradamente aspiren a reelegirse. No hacerlo sería más que una traición: pondría otro clavo en el proyecto de nación del presidente.
Con todo y su espectáculo armado para querer justificar públicamente lo que se le ha señalado, Carlos Morales expuso que fue el Comité de Adquisiciones quien validó dicha compra millonaria y quiso justificarse bajo acciones legaloides conforme a los propios artículos de la Ley de Adquisiciones; sin embargo, Diario de Chiapas aclara y deja abierta la observación de que en ningún momento del informe hubo un sustento moralmente válido para decir por qué no hubo licitación.
