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Congreso y Cabildo deben amonestar a Carlos Morales

Ainer González / Diario de Chiapas

El Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tuxtla Gutiérrez, llamó al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) a que se amoneste públicamente al titular del Ayuntamiento capitalino, por violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Luego de que el Consejo General del IEPC emitiera sanciones en contra del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales Vázquez, por promocionar su imagen y su nombre con recursos públicos; Iván Sánchez Camacho, presidente del CDM del PRI en la capital del estado, manifestó que los legisladores locales están obligados a emitir un pronunciamiento por la promoción personalizada del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, no solo para dejar un precedente, sino para que el funcionario municipal deje de usar el erario público para beneficio personal.

“Primeramente tiene que haber una amonestación pública oficial para el presidente municipal, el Cabildo tiene que pronunciarse y pedirle al alcalde… para que evite que nuevamente el presidente municipal su nombre de manera irregular”, apuntó.

Por ello, agregó que los integrantes de la LXVII Legislatura tienen que hacer un trabajo de dignificación y de emitir sanciones al edil o a quienes resulten responsables de violar la normatividad electoral.

“Los legisladores locales están obligados a actuar con imparcialidad, con eficacia y sobre todo con legalidad. A los congresistas les toca dignificar el papel de sancionadores, y es lo que estamos esperando, que derivado de este procedimiento ordinario sancionador se encuentren buenas cuentas”, puntualizó.

Además, Sánchez Camacho manifestó que el Poder Legislativo local y el auditor superior, tiene que garantizar que los ayuntamientos no incumplan con la ley egresos y de que las cuentas públicas no se vean afectadas por estas actividades ilícitas, por lo que llamó a la ASE a que sean eficientes y responsables con este tema.

“A la Auditoría Superior le pedimos que haga eficientemente su trabo y finque las responsabilidades”, dijo.

Con este caso, expresó su contento con la determinación de este procedimiento, por lo que confió que los consejeros y consejeras del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mantengan abierta este tipo de procedimientos para todos aquellos funcionarios públicos que abusen de su cargo para hacer propaganda personalizada y anticipada.

“Nos da muchísimo gusto que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana haya determinado responsable, quiere decir que nos dan indicios que habrá un proceso electoral imparcial legal, que son dos principios rectores de cualquier elección”, indicó.

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