- La Unidad Anticorrupción inició formalmente investigación en contra del Ayuntamiento de Tuxtla por la compra irregular de contenedores de basura
M de R / Diario de Chiapas
Carlos Morales Vázquez es un empleado más de la empresa Veolia Residuos Tuxtla, S. A. de C. V., y no el gobernante que la capital de Chiapas necesita.
Por si había dudas, este martes se consumó otro acuerdo favorecedor para Veolia, con el contubernio de la mayoría de los integrantes del Cabildo, que están jugando a usar el dinero público permitiendo que esta empresa incumpla cláusulas y obligaciones legales que asumió en diciembre del año 2018.
Como ocurrió nuevamente, al aprobar el pago de 160 mil pesos a Veolia, para que realice un estudio en el que determine cuántos camiones recolectores de basura se necesitan en la capital. Estudio que contraviene la última revisión del contrato que ambas partes tienen, en el que Veolia se comprometió a cubrir todo lo referente al nuevo esquema de recolección de basura en la capital; desde el diseño de rutas, la instalación de los contenedores y la renovación del parque vehicular.
Sin embargo, desde el año 2006, cuando el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez concesionó el Sistema Integral de Limpia por un periodo de 20 años, se establecieron claramente las obligaciones que debía cumplir la empresa asignada durante el tiempo de vigencia.
No obstante, y mientras Tuxtla Gutiérrez atraviesa una crisis sanitaria por el coronavirus, 160 mil pesos serán utilizados para pagar un estudio que Veolia debe realizar como parte de sus obligaciones, dinero que están reclamando trabajadores del gobierno de la ciudad, porque en las oficinas no hay ni lo mínimo para mantener la higiene necesaria.
Sólo la regidora Adriana Guillén Hernández, presidenta de la Comisión de Supervisión al Sistema Integral y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial, votó en contra de este pago, al que considera ilegal.
Al pagarle 160 mil pesos a Veolia para que realice este estudio, se incumple con la cláusula novena del contrato, denominada “Actividades a Realizar”, en cuyo punto tres establece:
“La empresa estará obligada a operar, conservar y mantener el sistema de barrido mecánico, con un índice de cobertura del cien por ciento, considerando el crecimiento del municipio; a operar, conservar y mantener el sistema de recolección al cien por ciento, considerando el crecimiento del municipio”.
Es decir, explicó la regidora al fundamentar su voto en contra, es evidente que el gasto de realizar un estudio es innecesario, porque no corresponde al municipio realizarla, ya que este análisis debe ser solventado por la empresa, como también lo indica el anexo 15 del Plan de Inversiones, el cual incluso prevé la reposición de equipo y maquinaria nueva.
Y pese a que el Ayuntamiento está legalmente imposibilitado para realizar este pago, Carlos Morales y la mayoría de los integrantes del Cabildo estuvieron de acuerdo en pagarle nuevamente a Veolia lo que es parte de sus obligaciones para con los tuxtlecos.
“De ser tan necesario este estudio, se le debe pedir a la empresa que lo realice, con el visto de la Consejería Jurídica y de la Contraloría Interna, aunque este análisis resulta innecesario”, precisó la regidora.
¿Por qué se están fraguando acuerdos a favor de Veolia en el gobierno de Carlos Morales Vázquez? Cada vez se sustenta más la idea de que hay compromisos de por medio, y que la Hacienda municipal será utilizada para pagarlos, sin importar cuántas disposiciones legales deban violarse.
¿No sabe Veolia qué capacidad operativa debe desplegar en Tuxtla Gutiérrez luego de 15 años usufructuando la concesión millonaria para recoger la basura?
Carlos Morales Vázquez no es el único interesado en favorecer a esta empresa. Están embarrados en esta complicidad el secretario de Servicios Municipales, José Alfredo Ruiz Samayoa, quien solicitó la elaboración de este estudio; el tesorero municipal, Carlos Agustín Gorrosino Hernández, quien validó la suficiencia para usar este recurso público sin poner ningún pretexto; y Karla Burguete Torrestiana, síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda, públicamente más comprometida en obedecer lo que ordene Carlos Morales, que al interés público.
Son ellos quienes desde abril de este año están moviendo los hilos para que Veolia disponga del dinero público a voluntad; sus deseos han resultado órdenes acatadas que dejan ver una complicidad inocultable, que urge sea investigada por la Auditoría Superior del Estado.
INICIA FORMALMENTE INVESTIGACIÓN
La Auditoría Superior del Estado de Chiapas a través de la Unidad de Anticorrupción e Investigación a cargo de Omar Rivera León, informó mediante un oficio que el estudio y la investigación en contra del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que preside Carlos Orsoe Morales Vázquez inició de manera formal.
Lo anterior luego de que el diputado por el Distrito V de San Cristóbal de Las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco, promovió una denuncia formal por actos irregulares en la compra de contenedores de basura con la empresa Veolia Residuos Tuxtla S. A. de C. V.
