Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
En los últimos tres años, México pasó de ser un país de tránsito a un país de destino para miles de personas solicitantes de asilo y este año enfrenta a una cifra récord que podría superar las 100 mil, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Gillian Triggs, Alta Comisionada Auxiliar para la Protección de Acnur, dijo que México, Guatemala y El Salvador están bajo una “tremenda tensión” por los crecientes flujos de personas refugiadas y migrantes.
Explicó que se trata de un momento en el que el acceso al asilo y al territorio se está limitando a través de preocupantes restricciones fronterizas.
“En México, Guatemala y El Salvador he visto la tensión tremenda bajo la que se encuentra la región debido a los crecientes flujos de personas refugiadas y migrantes. Los gobiernos y la sociedad civil están haciendo esfuerzos extraordinarios para hacer frente a estos desafíos”, comentó Triggs.
La Comisionada dijo haber escuchado historias de violencia sexual, amenazas de muerte y extorsión en comunidades controladas por pandillas, que aunado al cambio climático han obligado a casi un millón de personas a huir de sus hogares.
Aunque la preocupación para el Acnur incrementó por las recientes prácticas restrictivas en fronteras de la región, a raíz de las cuales se corre el riesgo de retornar a personas y familias que pueden tener necesidades urgentes de protección a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica, sin que tengan la oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades.
A propósito de las deportaciones, Acnur ha hecho un llamamiento al Gobierno de Estados Unidos para que ponga fin a las restricciones al asilo relacionadas con la salud pública del Título 42, bajo el cual se llevan a cabo estas expulsiones, y para que se restablezca el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.
La Agencia informó que seis países centroamericanos y México están trabajando de manera conjunta con el sector privado y la sociedad civil, con el apoyo de los países donantes, bajo el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS).
Este mecanismo, actualmente liderado por Guatemala, busca abordar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado en la región.
