Francisco Mendoza/ Diario de Chiapas
En 2020, México enfrentó una de las emergencias sanitarias más importantes de la historia, donde las acciones de los gobiernos fueron determinantes para la efectiva contención, atención, seguimiento y tratamiento de la pandemia provocada por el COVID-19.
La magnitud de la pandemia obligó a los países a implementar acciones extraordinarias; entre ellas, utilizar los recursos públicos disponibles de manera eficiente y eficaz, con el objetivo de adquirir los bienes y servicios necesarios para el personal médico, garantizar que las personas contagiadas tengan acceso al equipo y medicamentos necesarios, y acelerar la recuperación económica.
Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó las compras realizadas entre el 1 de enero de 2020 y el 28 de febrero de 2021 de las siguientes dependencias: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Salud (Ssa).
La política de compras de emergencia del gobierno federal siguió una lógica de reacción; durante los meses de enero y febrero de 2020, vitales para enfrentar la emergencia sanitaria, no es posible identificar compras de insumos necesarios para la atención de COVID-19.
Ante un repunte previsible de casos, las dependencias comenzaron a adquirir los insumos en diciembre, es decir, una vez ocurridos los contagios.
Las compras públicas no cuentan con información completa y de calidad; más de 4 mil millones de pesos gastados en compras para atender la emergencia no tienen ningún documento publicado.
La opacidad y falta de información en el gasto del Insabi; el IMCO identificó solo 10 contratos del Insabi para atender el COVID-19, lo que representa el 1 por ciento del monto total gastado por esta dependencia en 2020.
La publicación tardía de los contratos para atender la emergencia; casi 1 de cada 2 compras (45 por ciento) para atender el COVID-19 fueron publicadas de manera tardía, entre uno y 327 días después de la fecha de inicio del contrato.
La información sobre las vacunas en México se encuentra clasificada como confidencial; en México y el mundo, la información sobre las vacunas, el plan de compra, el precio y las fechas de entrega se encuentra bajo acuerdos de confidencialidad entre el gobierno y los proveedores.
Posibles casos de sobreprecio; la Sedena pagó 2.3 veces más por el mismo medicamento en contratos con un mes de diferencia. Además, hubo empresas todólogas; la Sedena compró medicamentos para atender la pandemia a una empresa dedicada a la venta de muebles.
Las compras de emergencia en México muestran importantes deficiencias e irregularidades; en la medida que éstas no sean identificadas y atendidas, las compras públicas y su propósito estarán comprometidos. Por ello, el IMCO reafirma la importancia de crear un protocolo de ejecución, seguimiento y control de compras de emergencia.
