Agencias / Diario de Chiapas
México. – La Comisión de Justicia del Senado de la República inició el análisis del plan presentado por el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, con el que busca reducir la impunidad y fortalecer el combate al crimen, a través de diversas acciones que van desde priorizar la atención a 10 tipos de delitos, hasta impulsar un paquete de reformas legislativas.
Se trata del denominado Plan de Persecución Penal (PPP) enviado hace unos días a la Cámara Alta, y que según la ley debe ser aprobado por la mayoría de los senadores, para que pueda ponerse en marcha.
La revisión del documento, de acuerdo con legisladores consultados por Animal Político, no solo abarca su contenido sino también la forma en que fue elaborado y entregado al Congreso, ya que según organizaciones ciudadanas se trata de un plan que viola disposiciones de la Ley Orgánica de la FGR.
El documento de 70 páginas, que oficialmente no ha sido transparentado, señala en una primera parte un diagnóstico de la institución. Se advierten situaciones que ya se habían señalado en otro paquete de informes como el rezago de miles de investigaciones heredado por la entonces PGR – muchas de los cuales ya prescribieron -, la falta de recursos económicos y la baja eficacia en algunos de los delitos más graves.
“El diagnóstico al cierre de la PGR es contundente: no se cumplió con la función de investigar y resolver los delitos puestos a su conocimiento, concluyó con un rezago superior a 300 mil investigaciones inconclusas, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, y 3 mil dictámenes periciales rezagados”, indica el documento.
Para enfrentar esta situación el plan propone, entre otras cosas, redistribuir las cargas de trabajo y que el 70% de los fiscales de la FGR se dediquen a atender y esclarecer el rezado de casos, mientras que el 30% restante se aboque a la atención de diez ejes delictivos prioritarios.
Dichos ejes son: corrupción; delitos contra el patrimonio nacional; ilícitos económicos y financieros; delitos contra los derechos humanos; delitos contra la libertad de las personas; ilícitos contra el comercio; delitos relacionados con armas de fuego; ilícitos contra el sistema electoral; delitos ambientales y narcotráfico.
El plan plantea además una serie de indicadores y objetivos, así como estrategias para fortalecer la investigación de los delitos. Entre ellas se insiste en la necesidad de plantear reformas al Congreso para “superar obstáculos legales” que actualmente existen.
Aunque el documento no abunda en las referidas reformas, las mismas ya han sido abordadas previamente por el propio fiscal Gertz Manero e incluyen desde la creación de un Código Penal Nacional, hasta una reforma a diversos artículos de la Constitución. La presentación de estas iniciativas fue pospuesta desde el pasado 15 de enero por falta de acuerdos.
