La Jornada
México. Ante la encuesta a nivel nacional que realiza Morena este fin de semana, para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la reforma constitucional en materia judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las dirigencias nacionales del PAN y del PRI la consideraron como una “encuesta al vapor” y argumentaron que sus resultados no tienen valor jurídico.
Por separado, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, y del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, calificaron el ejercicio como “simulación” y adelantaron que votarán en contra “de todo aquello que vulnere nuestra democracia, nuestras instituciones y los contrapesos de poder”.
El dirigente priísta sostuvo este domingo que “una encuesta al vapor y la realización de foros ‘para oír, no para debatir’ son la manera en que el Gobierno simula apertura en el proceso para reformar al Poder Judicial”.
Por medio de un mensaje en redes sociales, expresó: “En el PRI, rechazamos enérgicamente cualquier iniciativa que pretenda alterar el equilibrio de poderes; politizar la elección de jueces, magistrados y ministros; y socavar la independencia del Poder Judicial. ¡No vamos a ceder ante la acometida autoritaria de este Gobierno!”.
En tanto, a través de un comunicado, Cortés Mendoza señaló que es “una total simulación para justificar la perversa propuesta de López Obrador”.
Al definir el ejercicio como “un circo”, dijo que “es una tomada de pelo más que van a consultar a la gente respecto a una reforma al Poder Judicial. Lo que buscan es validar la decisión que ya tienen tomada de controlar al Poder Judicial”.
Tras insistir que la encuesta, al ser realizada por un partido político, “no tienen ninguna validez”, indicó en el comunicado que, “si bien la participación de la ciudadanía es esencial para la democracia, el que elijan directamente con su voto a ministros, jueces y magistrados ocasionaría una politización extrema en el Poder Judicial, porque las y los candidatos serían electos no por su experiencia, trayectoria o conocimientos jurídicos, sino por acuerdos con los diferentes grupos de interés, en el mejor de los casos, por su popularidad o afinidad política”.
Agregó que “beneficiarían con sus sentencias a quienes los apoyaron en sus campañas electorales y perjudicarían a quienes apoyaron a sus adversarios. El apoyo popular condicionaría sus decisiones, puede convertirse en una herramienta más para proteger a afines y perseguir a opositores”.
