Janet Hernández/ San Cristóbal
Por la falta de entrega de los estados financieros y cuenta pública e incumplimiento en obra pública dentro del proceso de entrega-recepción, el presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, ordenó al departamento jurídico interponer de manera inmediata denuncias penales en contra de la expresidenta Jerónima Toledo Villalobos.
Así también, al ex síndico municipal, Miguel Ángel de los Santos Cruz; al ex tesorero, Alfredo de Jesús Pérez Díaz y ex director de Obras Públicas, Víctor Hugo Tovilla Borras.
Durante la sesión extraordinaria pública del cabildo, realizada la tarde del miércoles, el tesorero municipal, Armando Oltra Paniagua, explicó al pleno del Ayuntamiento que dentro del proceso de entrega-recepción, únicamente se han realizado los trabajos de revisión en cuanto a mobiliario y equipo de oficina.
“En cuanto a los estados financieros, la cuenta pública se cerró la semana pasada y es el momento en que no la regresan, ya que se le brindó al ex tesorero para recabar las firmas correspondientes y es hasta este momento que no las ha entregado”, aseveró.
Agregó: “Tenemos que recibir la cuenta pública ya firmada porque es parte del proceso de entrega-recepción en los formatos financieros para ya proceder a hacer lo correspondiente a la culminación de este proceso. Sin embargo, según la ley y por el tiempo que se marca, los ex funcionarios ya cayeron en omisión por comisión debido a que el tiempo de prórroga que ellos pidieron se terminó”.
Precisó que hasta el momento la tesorería municipal no ha realizado la entrega-recepción de nada, debido a que el ex tesorero no ha querido llevar a cabo dicho proceso, por lo que se ha realizado la notificación ante el Órgano de Fiscalización Superior de todas las anomalías en que están incurriendo los servidores públicos salientes.
En tanto que el alcalde sancristobalense explicó al cabildo que las cuentas de la pasada administración están siendo embargadas y no hay quién defienda esos recursos que ascienden a los 3 millones de pesos aproximadamente, ya que ellos las tienen en su poder.
Finalmente, pidió al tesorero que se investigue la compra del terreno donde sería proyectada la construcción del rastro municipal, cuyo monto de compra es de 12 millones de pesos por hectárea y que por la ubicación sería imposible construir un rastro en esa zona y que se denuncie penalmente a la o las personas que hicieron esta adquisición.
