Janet Hernández Cruz/ San Cristóbal
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas que aún permanecen refugiados y que ahora se encuentran en doble riesgo por los ataques armados en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, y ahora por la pandemia del Covid-19.
El organismo aseguró que es necesario cuidar de la integridad y seguridad personal, garantizar el acceso al agua, al saneamiento y a las instalaciones de higiene personal, a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la información en su lengua para prevenir y tratar la enfermedad, a la atención médica oportuna y sin discriminación, entre otros aspectos.
Así también urgió que se cumplan las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a las comunidades del pueblo tsotsil que se encuentran en desplazamiento por los ataques armados, en específico del municipio de Chalchihuitán, quienes ahora son atacados por las balas de los paramilitares de Chenalhó.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Medida Cautelar No. 882-17, a comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y Chenalhó respecto de México, 24 de febrero de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recomendación No. 87/2018, sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, 28 de diciembre de 2018”, apuntó.
Destacó que es de especial preocupación las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, en las comunidades desplazadas de K’analumtik, Pom, Ch’enmut, Bololch’ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts’omolton y Cruz Kakanab del municipio de Chalchihuitán y Majompepentik, municipio de Chenalhó.
