- La delegada Administrativa amedrenta al personal con aplicarles descuentos y faltas
Édgar Castillo/Corresponsal Diario de Chiapas
Tonalá, Chiapas.- Personal del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 13 denuncia a Ariana Ortiz Cruz, delegada Administrativa, a quien -sin importarle la contingencia sanitaria, menos la aglomeración de más 50 trabajadores- desde el pasado 16 de marzo quitó las guardias de las diferentes oficinas del penal, obligando a laborar en horario de oficina, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.
La funcionaria argumenta que son “órdenes superiores”, por lo que no respeta el documento emitido por la Secretaría de Hacienda, de las medidas sanitarias para laborar, además dice que tiene el respaldo de su jefe, Juan José Borraz Avelino, delegado administrativo.
Los denunciantes señalaron que la funcionaria amedrenta al personal administrativo con aplicarles descuentos y faltas si no llegan a laborar, cuando ella llega los martes y se retira los viernes ya que viaja a su natal Huixtla; también ha incrementado el precio de los productos que se venden en la tienda de gobierno y del hilo a 100 pesos el kilo, afectando los bolsillos de los internos a los cuales los ha dejado en el abandono, pues no compra los medicamentos a enfermos que padecen una enfermedad psiquiátrica.
“Desde su llegada al penal, las oficinas no cuentan con papelería y tintas para impresoras, obligando al personal pagar el internet, diciendo que no hay presupuesto, pero en contubernio con sus subalternos del área administrativa a su mando realizan ‘Robo de Hormiga’, de los insumos (carne, verdura, perecederos), o bien los regala para fiestas de cumpleaños de sus amigos, víveres que deben ser destinados para la alimentación de los internos, quienes manifiestan que la cocina le falta mucha higiene, ya que el personal que hace la comida no ocupa cubrebocas, gorro de cocina y los alimentos en ocasiones los sirven con gusano o en estado de descomposición”.
Por último, los denunciantes piden la intervención del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, así como Gabriela Zepeda Soto, secretaria de Seguridad Publica y de José Miguel Alarcón García, subsecretario de Ejecuciones de Sanciones Penales, de los atropellos y violaciones de los Derechos Humanos de esta funcionaria, “tememos por contagiarnos de COVID-19 , ¿cómo es posible que otros penales y oficinas de la Secretaría de Seguridad laboren por guardias y por capricho de esta delegada se exponga la vida del trabajador y de los internos?”, enfatizan.
