- Versaín Velasco está en prisión por denunciar tortura y desplazamiento forzoso de indígenas tzeltales
Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas
Ocosingo, Chiapas.- La mañana de este viernes la familia de Versaín Velasco García, defensor de derechos humanos, actualmente recluido en el Cerss número 16 de Ocosingo, denunció tortura, desplazamiento forzado y encarcelamiento a cinco familias (34 personas) indígenas tzeltales generadas por la delincuencia organizada en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo.
En conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, narraron la agonía que han vivido desde el 14 de diciembre de 2021 hasta la fecha, por la omisión del gobierno al impartir justicia.
Moctezuma Velazco Aguilar, hijo del activista, indicó que todo comenzó cuando su padre empezó a visibilizar los abusos de autoridad de la comunidad, junto con los líderes del crimen organizado que estaban coludidos con las autoridades comunales.
Velasco Aguilar, recordó el momento de la detención de su padre, su madre, su hermano de 15 años, su hermana de meses de nacida y él.
«Luego de leer un exhorto que la Fiscalía emitió a las autoridades comunales, el cual pedía entregar a los cinco detenidos a las autoridades del estado, acto seguido nos acusaron de ponerlos en mal y con lujo de violencia nos detuvieron”.
Ante esta situación las familias integradas por 11 adultos en su mayoría mujeres y 23 niños, exigieron la liberación inmediata del defensor de derechos humanos, tras ser víctima de la fabricación de delito y la muerte de una persona en defensa propia.
Los denunciantes aseguraron que la raíz de este problema surgió luego de haber denunciado a las autoridades comunales de abusos y sometimiento a las familias de la comunidad Nueva Palestina ante las autoridades estatales, quienes estaban siendo desaparecidos y asesinados por no participar o apoyar en el trasiego de droga y tráfico de humanos en la zona.
Mencionaron que Versaín en el 2021, decidió asesorar a unas familias en la defensa de cinco jóvenes acusados de robo y encarcelados, con amenaza de ser quemados vivos por acuerdo de asamblea. Por estos hechos fue acusado directamente por las autoridades comunales quienes pusieron un precio a su detención “vivo o muerto”, luego cambiaron de opinión y decidieron exterminar a la familia completa Velasco Aguilar, también a quien los protegiera.
Por su parte Julieta Hernández Gómez, defensora jurídica de las víctimas, afirmó que las familias se encuentran expulsadas y amenazadas de muerte, viviendo en San Cristóbal de Las Casas hacinados y de manera precaria sin el apoyo humanitario suficiente del gobierno y la atención jurídica del Poder Judicial.
