Roger Heli Díaz Guillén
Chiapa de Corzo, Chiapas
Por la Unidad por Chiapas y desarrollo del campo
Chiapas tiene una superficie de 73,311.0 kilómetros cuadrados según datos de INEGI, equivalente a 7,331,100 hectáreas de las que 3,563,302.33 corresponden a la propiedad ejidal y 796, 340.44 a propiedad comunal, que representan el 59.46% del territorio del Estado, que proyecta la importancia que representa la atención al territorio de propiedad social y a su población.
A partir de la reforma liberal al artículo 27 Constitucional en el año de 1992 en que se promulgó la Ley Agraria vigente, los ejidatarios y comuneros transitaron de la propiedad del Estado y su incidencia en los derechos agrarios, a la propiedad ejidal y comunal como forma de tenencia de la tierra; impulsándose la estrategia de política pública de Certificación de derechos ejidales y comunales a través de un macro programa federal originalmente denominado PROCEDE, hoy Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios RRAJA, mediante los cuales a la fecha se registran en Chiapas 2,687 ejidos certificados y 79 comunidades que representa un avance del 85.66% Estatal.
Las organizaciones campesinas y sociales tuvieron una mayor proyección en Chiapas como consecuencia del surgimiento del EZLN y la consecuente invasión de tierras, que fueron atendidos con programas de compra de tierras, destacando las financiadas con los fideicomisos Fondo 95 y Pro Chiapas, que beneficiaron a poco más de 1,200 grupos campesinos representados por más de 110 organizaciones.
Las políticas públicas neoliberales que emergieron a principios del siglo XXI, dividieron a las organizaciones campesinas y desplazaron su presencia y voz en la vida pública de México y en la continuidad del trabajo de conciencia de sus bases, la dirección colectiva y gestión para el desarrollo, perdiéndose la perspectiva de una visión de largo plazo plasmada en un proyecto programático.
En este nuevo gobierno de la transformación, vemos con preocupación que las organizaciones campesinas, indígenas y sociales no son sujetos de atención y beneficios, mucho menos cuentan con el reconocimiento de gestión, mediación e intervención para el desarrollo y el bienestar social, cuando en su momento se intervino activamente en el Acuerdo nacional para el Campo y se contaba con una Comisión Agraria en el Congreso de la Unión, con legisladores que emergían del sector de organizaciones, aportando elementos de la realidad del campo para la instrumentación de acuerdos y tratados internacionales, como el TLC en el año 2004.
Hoy debe reconocerse y revalorarse la riqueza de las comunidades rurales y su gran potencial para constituirse en el centro de generación de estabilidad y desarrollo del campo, tal como lo plantea el enfoque productivo del programa Sembrando Vida, donde el campo es la plataforma estratégica que sustente e impulse la generación de empleos y la soberanía alimentaria.
Las organizaciones campesinas, indígenas y sociales, juegan un papel fundamental para rescatar al campo en Unidad por Chiapas: busquemos puntos de convergencia.
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