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Editorial

El ascenso de Yolanda

Desde el miércoles pasado, el Poder Judicial del Estado de Durango tiene como magistrada presidenta a la exdiputada Yolanda de la Torre, la abogada que planteó la iniciativa de que se prolongue la presencia de los militares en las calles hasta el 2028, cuyo tema tiene divididas las opiniones en el Senado de la República.

En varias de las entrevistas que concedió a los medios de comunicación, previa a la discusión de la iniciativa en el Pleno, la aún legisladora dijo con toda la seriedad y seguridad del mundo, que la modificación legislativa era obra suya y de nadie más.

Tan es así que le repitieron la pregunta en el sentido de que, si no recibió línea de su partido o desde Palacio Nacional, a lo que la representante popular sostuvo que “por eso no tiene marido, para no recibir órdenes de nadie”.

Días después a la retirada de la iniciativa por parte del grupo mayoritario de Morena en el Senado, la cual se regresó a Comisiones, luego de que se dieran cuenta que la votación no les alcanzaría para aprobarla, el presidente de la República dijo en a mañanera que a pesar de que no pasó, “volverá a presentarla una y otra vez, hasta que sea aprobada”.

Esta afirmación, lógico, echó abajo la postura de la hoy magistrada presidenta del Poder Judicial, de que fue de su autoría la iniciativa, y aunque tras presentar su renuncia a la Cámara de Diputados, siguió diciendo que era suya y nada más que suya. La ciudadanía no lo creyó, menos los partidos que no estaban de acuerdo en que se votara a favor que los militares permanecieran otros cuatro años más en las calles para combatir la inseguridad.

El ascenso de Yolanda de la Torre para trabajar por el bien de su estado, dejó abierta la puerta a la intromisión del Poder Ejecutivo en este tema toral para la seguridad del país. La sospecha, palabra de moda en este gobierno que se indilga a los adversarios, ahora se aplica para la magistrada, que, de buenas a primeras, después de sus cinco minutos de fama, emprendió la huida.

El magistrado Ramón Gerardo Guzmán Benavente fue el sacrificado que cedió su lugar como presidente del Poder Judicial, aunque permanecerá en el pleno en funciones de magistrado numerario.

En política no es extraño que este tipo de movimientos se den de un día para otro, sobre todo, para pagar favores y en este caso, Yolanda de la Torre, ya había confirmado lo que en los corrillos del Poder Judicial se rumoraba horas después de dimitir al Congreso de la Unión.

En sus conversaciones con los medios de comunicación que la buscaron como la protagonista de la semana, muy por arriba de la popularidad de la mañanera, la todavía legisladora confirmaba que regresaba a su estado para apoyarle con su experiencia.

Tras tomar posesión de su nuevo encargo, dijo que es un gran reto la encomienda que le confirieron. Sostuvo ser “una fiel defensora de la paridad de género, causa que considera una lucha de vida; estoy segura que las mujeres daremos ejemplo de cómo sumar y de que sabemos hacer equipo”. Llamó a cerrar filas y a trabajar en unidad para lograr superar la problemática que padece actualmente el estado como lo es la carencia de recursos que ha alcanzado al área Judicial.

A sus palabras, lo primero que tiene que decirse en beneficio del ente judicial es que los recursos ya están más que contemplados. Muy probablemente en unos días más hará el anuncio de que el gobierno estatal le ha inyectado una fuerte cantidad para asegurar una “justicia pronta, expedita y sin sesgos”.

De lo que no creemos es que la integridad sea parte de su formación profesional. Lo dice el pueblo de México por la forma en se dejó manipular. Los comentaristas se programas de noticias de radio y televisión coinciden que “compró” su ascenso.

Su actuar no tiene sentido con sus palabras. Las mujeres le darán el derecho de la duda hasta que demuestre que en verdad confíen en la promesa de que su lucha de vida es la defensa de la paridad de género. Esperan que no se repita la misma historia, tenga dignidad y cumpla sus promesas. Hoy más que nunca su probidad y rectitud estará a prueba de fuego y vaya que la estarán vigilando quienes se sientan agraviados en sus derechos judiciales.

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