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Decretazos para inoperancia del INAI y no haya transparencia

Los pleitos entre los Poderes del Estado mexicano, nunca antes visto con semejante intensidad, ponen en peligro la estabilidad política y social del país. La polarización tiene fondo y forma y ésta no es más que conservar la jerarquía y ocultar la transparencia en las obras que se ejecutan en algunas partes del país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mucho más mesurada en la postura pública, aguanta los embates del presidente de México, que, a toda costa, bajo el argumento de que los ministros están al servicio de los conservadores, los exhibe como corruptos. En respuesta, los magistrados, basados en la ley, echan abajo las iniciativas presentadas y aprobadas por el Legislativo al mandatario sin quitarle una sola coma a los escritos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la ola de derrotas que ha tenido frente al Poder Judicial, mantiene una campaña cerrada contra los ministros y ministras, señalándolos de corruptos por tener privilegios que ninguna otra instancia institucional tiene en el país.

El fondo de todo este embrollo mediático no tiene nada que ver más que al presidente no le han dejado hacer las modificaciones a la Constitución por la sencilla razón de que todas son violatorias y de acuerdo a lo que asienta la Carta Magna, no pueden vulnerarse así provengan de la máxima autoridad en el país.

Entonces, como están las cosas, no está descabellado pensar que el día de mañana, cuando en las referidas encuestas que Morena hace desde el poder, obtenga la “bendición” de que los ministros que integran la SCJN sean elegidos mediante el voto popular, no se descarte que sean militares los que esté al servicio de la Justicia.

El pueblo mexicano no ha captado la dimensión de las jugadas políticas que se ventilan entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Por ello sería sano que la sociedad se involucre en las decisiones cruciales que dicta y aprueba la clase política, los que dirigen los destinos del país.

En materia legal, los debates serán cada vez más candentes, pero no tendrá caso que se propongan iniciativas, se debatan y se aprueben o se rechacen si uno de los Poderes no respeta los resolutivos en este sistema de la división de poderes, y sobre todo, de lo que dicta la Constitución y todo parece que vamos por ese camino.

La Corte, efectivamente, invalidó el decreto que declaraba las magnas obras del gobierno federal como de seguridad nacional, pues dijo que el acuerdo vigente desde 2021 afecta al derecho a la información e interfiere en las facultades de actuación del INAI.

Al entrar en escena el Inai, la situación se explica por sí sola, pues se entiende que la autoridad federal quiere reservar la información de cuánto se gasta e invierten en las obras. De inicio que se de paso al “sospechosismo” o encubrir supuestos actos irregulares en el manejo de los recursos, manda el mensaje de que no hay transparencia, y por lógica, le amarran las manos al Instituto de Transparencia para que haga su trabajo con efectividad.

A esto se debe, sin duda, la maniobra del Ejecutivo federal al realizar, cuatro horas después de la decisión de la Corte, la publicación en el Diario Oficial de la Federación, “su decreto” que clasifica como de seguridad nacional al Tren Maya y otros proyectos como el Tren Interoceánico, los Aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo.

Y así lo describe en el documento: “Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público”.

En pocas palabras, se impide al INAI ejercer su facultad revisora sobre la información, y eso, es muy grave para un gobierno que luchó y denunció que se transparentara cada obra gubernamental. En realidad, esta es una mala señal, que puede interpretarse que vamos hacia el absolutismo total.

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