Agresión al IEPC, ¿fondo político o reubicación de la Mactumactzá?
La reciente agresión a la sede del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), podría tener cualquier sesgo para desestabilizar los trabajos del organismo, pero éste no es, por ahora, el trasfondo político relacionado con el proceso del próximo 2 de junio próximo. No, esta vez, va más allá.
La presidenta del IEPC, Magdalena Vila Domínguez, no quiso meterse en camisa de once varas, pero a kilómetros se visualiza que la tercera agresión directa a las oficinas centrales del órgano electoral, vienen directamente de las cabecillas centrales que operan dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
El motivo es muy sencillo: Impedir a toda costa que la Escuela Normal Rural Mactumactzá sea motivo de consulta popular, como lo proponen los colonos de Plan de Ayala y Juan Crispín, donde se encuentra asentada la institución educativa.
En 2021, cuando ya se había tocado el tema de la posible reubicación, vino el primer embate contra el organismo electoral; casi a mediados de 2023, el segundo, y la madrugada de ayer miércoles, el tercer aviso por parte de un grupo de sujetos, todos jóvenes, que, a decir de la autoridad, deben ser de la Mactu.
Lo que se planteó la semana pasada, de que lo menos que el gobierno podía hacer era permitir que los pobladores de Mitontic vinieran a imponer la ley del garrote a la capital misma, hecho que validaron al desalojarlos de las vías de comunicación que estaban bloqueando, lo mismo debe hacerse con los jóvenes, es decir, hacer que se respete lo que dice la normatividad, lo que estipula la ley.
No es la primera vez que grupos de vándalos se apersonan en camiones para provocar desmanes en las instalaciones de la Secretaría de Educación, en la Subsecretaría de Educación Federalizada, en la Torre Chiapas, de Palacio de Gobierno, en la Subsecretaría de Planeación educativa y en comercios establecidos y unidades que transportan productos de consumo humano, y ante la docena de actos vandálicos, por decir, los pocos, las autoridades policiacas no han aplicado la ley.
Al contrario, ha habido una complacencia que raya en lo ridículo, pues no se puede seguir por el mundo permitiendo que se pisoteen los derechos de los ciudadanos afectados y de las mismas autoridades, a quienes, en cada acción, trasgreden la seguridad de los trabajadores y destruyen las fachadas de las oficinas respectivas.
Cierto es que la población ha crecido y se ha extendió en los alrededores de la capital, hasta sobrepasar los límites donde se encuentra la Mactumactzá, y que, en su tiempo, era una zona despoblada. En realidad, la escuela está ubicada en buen lugar. El problema es la beligerancia con que actúan, dañando propiedades privadas, provocando temor entre la población y con el riesgo de que el día menos pensado, como ya lo hemos asentado, se presente una desgracia de proporciones inusitadas.
Ahora bien, si no es el tema de la reubicación el que ocupa a los normalistas y dirigencia de maestros de la Sección 7 y de la CNTE, ¿qué los orilla a vandalizar? A la vista no se tiene ningún argumento válido. Pensar, en el peor de los escenarios, que sea Aquiles Espinosa y Carlos Morales los que estén atemorizando al IEPC para presionarlos para que no realicen y les apliquen más amonestaciones por la avasalladora precampaña electoral, violando los estatutos que norma el órgano electoral, sería tanto como imaginar que se vaya a tener como presidentes municipales a dos violentadores que por el poder nada les importa ni se detienen.
En ese sentido, sería no estaría descartado que sea una forma de amenazar e intimidar a la autoridad electoral. Lo cierto que estos intentos de desestabilización y de inducción al miedo, tienen que ser castigados a la brevedad posible.
En realidad, no se requiere ser especialista en logística o inspector ministerial para intuir que, si se sigue el trayecto del camión a través de las cámaras de vigilancia que están ubicadas en la ciudad y en las mismas casas habitaciones o negocios comerciales, se conocerá su destino final.
A esta hora, 24 horas después del hecho delictivo, la Fiscalía General del Estado ya debió hasta haber hecho un operativo para asegurar la unidad como descargo de prueba. La ciudad no es muy grande ni tiene salidas donde no haya videovigilancia.
Otra cosa es que no se quiera actuar, pero, aunque el IEPC en estos momentos no tenga agendado la consulta popular, como lo aseguró una fuente integrante del Consejo General, el tema tiene que ser aclarado porque no se puede andar por la vida a expensas de lo que se le aconseje hacer a los jóvenes normalistas, considerados los conejillos de indias de los intereses de la SNTE y la CNTE.
Por último, y sin el afán de ser amarillistas, los que deben tener cuidado son los dirigentes de la colonia Plan de Ayala y Juan Crispín, que están impulsando la recaudación de firmas de todo el electorado de la capital chiapaneca para analizar y comenzar el proceso legal para la consulta ciudadana ante la reubicación de esta escuela. Lo cierto es que no se requiere mano dura, sino simplemente hacer que lo que dice la Constitución se respete y se castigue.
