Uriel, el farsante que usurpa las reglas indígenas
Es curioso que al personal del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) del distrito 8 con cabecera en el municipio de Simojovel, haya validado a la ligera que José Uriel Estrada Martínez, ex titular de la Auditoría Superior del Estado, tenga todas las condiciones y circunstancias de ser un hombre de ascendencia indígena, sólo porque un agente rural le extendió un documento que acredita que el padre del ahora exfuncionario pertenezca a una organización indígena tzotzil.
De la docena de preguntas que le hicieron al agente rural municipal Manuel López Hernández, cuya localidad no se da a conocer, contesta a todas, como era de esperarse, de manera afirmativa. Es decir, conoce al exfuncionario como un residente en la cabecera municipal de Simojovel, asegura que Uriel es una persona indígena, se le reconocen acciones comunitarias, hasta actividades de conservación de las instituciones sociales.
Sin embargo, en el cuestionario faltaron por lo menos dos preguntas. La primera es si al ex titular de la ASE lo ha visto alguna vez utilizar la vestimenta de la comunidad tzotzil y si ha participado en alguna ceremonia tradicional. La lógica es que el entrevistado tuvo que decir que sí, y en consecuencia, la siguientes debió haber sido, ¿tendrá alguna fotografía o video donde el aludido anduvo danzando -con su vestimenta indígena- en una ceremonia del Día de Muertos o en la conmemoración alusiva a los grupos étnicos”.
Los más astutos dirán que se haga un video con inteligencia artificial y asunto arreglado, pero ese no es el caso. Se trata de ser transparente, de no mentir, de ser objetivo con uno mismo. Y todo ello no se dice porque no se quiera que el ex servidor público no pueda o quiera que participe en la disputa de una curul.
No, que no se confunda, de lo que se trata es que no atropelle los derechos políticos y humanos de quienes han caminado bajo las siglas del partido Verde Ecologista de México. Lo que se cuestiona es el cinismo, el descaro y la insolencia para actuar sin el menor respeto.
Aunque tenga todo el dinero del mundo, producto de sus negocios que sembró y cosechó con los alcaldes chiapanecos a lo largo de cinco años, el ex auditor quiere estirar la liga al máximo para lograr blindarse con fuero, como diputado, y no ser perseguido por la justicia ante los negocios turbios que realizó.
Algunos dirán que ahora no tiene fuero pueden iniciar las investigaciones judiciales a que haya lugar, lo que necesariamente no quiere decir que vaya a suceder, pues el partido en el poder, por su forma en que actúa, no se meterá un autogol autorizando y permitiendo que investiguen a un funcionario que debió vigilar el buen uso de los recursos del pueblo, tal y como lo defiende el Congreso del Estado, poder al que depende la Auditoría Superior del Estado.
Ahora bien, regresando al tema de la legalidad de que si puede o no ser candidato, lo primero que resulta inconcebible es que Uriel Estrada Martínez nunca de los nunca arribó a su oficina con su indumentaria propia de la zona tzotzil que dice llevar en el corazón y del que se enorgullece.
En los eventos que realizó la LXVIII Legislatura local en ningún momento estuvo presente bajo dichas circunstancias, mucho menos que llevara el bastón que le extiende la comunidad en señal de autoridad como su representante en las grandes ligas.
Ahí está el ejemplo de otras más que ahora andan haciendo campaña, pero que portan con orgullo sus prendas de colores vistosos tradicionales.
Producto a todas estas inconsistencias, la candidatura de Uriel ha sido impugnada. En un documento se expusieron ante el IEPC los argumentos que pretenden demostrar que el ex auditor es un farsante
En la querella niegan que exista un “habitante, representante y/o ejidatario con el nombre de José Uriel Estrada Martínez”. La denuncia tiene que ser analizada a profundidad por los consejeros del IEPC, pues por más que existen antecedentes de agandalles, los partidos políticos siguen intentándole ver la cara a la sociedad, postulando a políticos y ex servidores públicos que no cumplen con la “autoadscripción indígena calificada”, como es el caso del ex auditor.
