Resurge la sospecha de los datos biométricos
Otra vez la suspicacia vuelve a resurgir por los movimientos que emprendió desde el Senado el partido en el poder al “descongelarse” la ley que crea el Sistema Nacional de Registro e Identidad, la cual se engavetó después de que en marzo del año pasado la Cámara de Diputados se conociera que la intención era y es -ahora- tener una base centralizada de datos biométricos, que estaría a cargo de la Secretaría de Gobernación.
La intención es que otra vez, como en antaño, la segunda oficina más poderosa del país, se haga cargo del registro del sistema digital donde se encuentren todas las actas de nacimiento, defunción, matrimonio, adopción o divorcio, así como las anotaciones de rectificación de género.
El año pasado, los partidos políticos opositores protestaron porque temían que hubiese un sesgo electoral en el que el gobierno federal tuviera “un formato único en el que la ciudadanía deberá otorgar sus datos personales como sexo o género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, Clave Única del Registro de Población (CURP) y datos biométricos».
La pregunta obligada es ¿para qué requiere la Secretaría de Gobernación que toda esta información se almacene en el Sistema Nacional de Registro e Identidad? Se supone que la base de datos está contemplada en el proyecto de la Cédula Única de Identidad Digital, cuyo dictamen se encuentra en el Senado desde 2021.
Los expertos en la materia advierten que obtener los datos biométricos representa un alto riesgo de vulnerabilidad frente a atacantes informáticos, ya que su diseño implica un punto único de ataque, y una vulneración o filtración puede tener consecuencias devastadoras para las personas comprometidas.
Pasadas las elecciones, donde ganó abrumadoramente Morena, nadie en su sano juicio pensaría que los datos podrían utilizarse maliciosamente para las elecciones intermedias de 2027, pues se está asentado en las urnas que hoy en día “el guinda” es el partido de las mayorías, el de las preferencias ciudadanas y por el que se tendría muchos años de vida en el poder.
Sin embargo, es acá donde los que andan viendo siempre “moros con tranchete” tienen la ligera sospecha de que Morena se estaría blindando para tener el control de los datos y el manipuleo electoral.
¿Y por qué lo haría? Simplemente porque Morena perderá fuerza, presencia y credibilidad al ya no estar vigente, mediáticamente el todavía presidente de México y líder político y moral de este partido con el que ha ganado todo, a diestra y siniestra: Andrés Manuel López Obrador.
La preocupación que surgió el año pasado es que los datos contenidos en el Sistema Nacional de Registro e Identidad pueden ser transferidos, sin ningún control, a cualquier dependencia ─pública, privada y financiera─ que la Secretaría de Gobernación considere.
Sin duda que en esta posibilidad se centró el dilema que causó mucho ruido en su momento por el riesgo tan elevado de que haya un mal uso de los datos personales biométricos, y que éstos, por azares del destino, vayan a culminar en manos equivocadas.
Cierto es que el manipuleo de los datos personales es hoy un problema serio. Se ha comprobado que algunas dependencias han dado su aprobación para que se filtren datos personales de adversarios políticos y la prueba está que ha habido documentación supuestamente reservada que ha sido ventilada públicamente, violando la ley de privacidad.
El caso más reciente fue el juego sucio que sufrió la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, cuando le fueron publicados los datos fiscales de su empresa, situación que impactó en el ánimo de los electores que en ese momento estaban al pendiente del desarrollo de las campañas.
Es de risa, ahora, que sea el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el que emita sus consideraciones sobre qué sucederá con los datos personales, sobre todo cuando esta institución está al borde del abismo, pues es uno de los organismos autónomos que se quieren desaparecer a partir de la legislatura federal que entrará en funciones en octubre.
Por lo pronto, se abra o no su debate, el tema ha dado de qué hablar y el “sospechosismo” sale a relucir cuando se está a tres meses de que se vea cómo “masca la iguana” con la llegada del nuevo gobierno federal y la postura que asuma la próxima presidenta en temas tan delicados que involucran a esa ciudadanía por el que ella está en los cuernos de la luna.
Ayer, al cuarto para las doce, el Senado volvió a posponer su análisis y dictamen.
