Las diligencias y pautas con la que se dirigen las y los fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), para atender e investigar casos de violencia sexual no han sido las acordes para un sistema de justicia que busca garantizar EN justicia y reparación del daño para las víctimas de este delito.
Ainer González / Diario de Chiapas
Las y los fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) han evadido y desatendido su obligación de investigar delitos por violencia sexual, aún y cuando existen denuncias y Carpetas de Investigación cometidas en contra de menores de edad.
Ante una posible liberación de su agresor, Valeria N, joven víctima de abuso sexual, insistió al titular de la Fiscalía General del Estado del Estado de Chiapas, atender los casos de violencia sexual con los protocolos y definiciones jurídicas establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que el trabajo de las y los agentes del Ministerio Público no ha sido el idóneo para atender, investigar y dar seguimiento a las diligencias por violencia y abuso sexual, tal como es su caso.
La joven recordó que, durante su infancia, precisamente el 2 de octubre de 2014, denunció a su padre por violencia familiar, abuso sexual y violación, así también por el delito de pornografía infantil, ya que su papá también le tomaba fotografías estando desnuda.
“Como víctima, como ciudadana, como persona con derecho de hacerle esta exigencia, le pido que voltee a ver su política institucional de estar promoviendo constantemente a los Ministerios Públicos, es un insulto a las víctimas y un coqueteo a la impunidad, pues nadie está obligado a lo imposible y cualquier afectación a la justicia por esta política, no es responsabilidad del personal operativo sino de quien ordena implementar esa política, pues no puede pedirle a una Ministerio Público que se analice una carpeta de más de 300 páginas cuando también tiene que otras 100 más en la misma situación y además debe preparar testigos y además debe de acudir a audiencias”, detalló.
En la denuncia presentada, explicó que es en consecuencia de las trabas e intromisiones de quienes se encargan de brindar y garantizar justicia para las mujeres en la FGE, ya que desde el 2 de junio de 2021 cuando se inició la Carpeta de Investigación (0556-101-0010-2021) de su caso no ha existido un seguimiento acorde a derecho.
De esta forma, Valeria y su asesora legal solicitaron y exigieron acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, ya que presumen que el agresor sea liberado en un caso donde, el mayor miedo ha sido romper el silencio.
“Señor fiscal, las víctimas le pedimos personal capacitado, denuncié hechos que podrían constituir pornografía infantil y que, si al momento de hacer la denuncia se hubieran confiscado el celular y la laptop de mi padre, se hubieran encontrado fotografías mías desnuda que él me tomó, pero esa omisión me costará a mí no acceder a la justicia por ese hecho, que claro es tan grave como todos los que denuncié”, refirió.
