Enrique Buenrostro/Diario de Chiapas
Aída Rosario Urbina Salazar tiene tres años y meses de vivir el calvario de su vida. Su casa se cimbra día a día por la operación de un gimnasio que produce “sismos” en toda la propiedad por el levantamiento de pesas que dejan caer en el suelo con características de arcilla expansiva. La música rebasa los decibeles permitidos y la operación del local es irregular. Cuatro dictámenes oficiales y de particulares le dan la razón, pero el tráfico de influencias encabezado por el alcalde con licencia, Carlos Morales Vázquez, no permiten que el local sea reubicado. Opera en una zona habitacional y la ley lo prohíbe.
La historia es larga y penosa. La propietaria del inmueble, narra que desde el año 2017 inició su pesadilla provocada por meterse con “las personas equivocadas”: Óscar Alberto García Montesinos, dueño del gimnasio de alto rendimiento tipo “Crossfit Powerbox, ubicado en la privada Bonampak, a un costado del número 455, entre la 15 y 16 poniente norte, del fraccionamiento Bonampak, es amigo de Eulalio Morales, hijo del alcalde de Tuxtla.
Explicó que sus derechos humanos, a la salud se han visto vulnerados por la dilación y tráfico de influencias que ha mostrado en los hechos el alcalde con licencia y hoy candidato a repetir a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, pues mínimo ha llegado a la presidencia municipal unas 40 veces y en ninguna de ella ha sido posible que el político hoy “militante” de Morena la reciba pues su caso, dice que le mandó a decir, “no es importante”.
PROTECCIÓN CIVIL AVALA DAÑOS
Urbina Salazar acusó que Morales Vázquez ha tenido tres años para resolver el problema; instruyó al jurídico del Ayuntamiento a no darle la vuelta al tema, hizo que la titular de Protección Civil, Elizabeth Hernández Borges, echara atrás el dictamen favorable que la dependencia avaló al confirmar que la casa presentaba fisuras en piso firme, en el muro de del área de la bodega, de la cocina y la recámara de la planta alta, en la terraza, en el baño, en el patio; constató la vibración periódica constante de las ventanas.
Lo más importante del oficio que la titular de Protección Civil le hace saber a la señora Aída Rosario en el oficio número SPCM/DIRIE/AVR/0999/18, con fecha 26 de junio del año 2018, y que firma junto con Luis Antonio Siu Cruz, en su calidad de inspector, es que todas las afectaciones que presenta la casa habitación son “originadas por las actividades que se llevan a cabo en el inmueble referente denominado Crossfit Power Box”, con domicilio en privada Bonampak 239, representado por Rafael de Jesús García Montesinos”.
Antes de ello, dijo la denunciante que siempre invitó al dueño del inmueble a cerciorarse de cómo se producían los ruidos y se provocaban los daños, pero nunca llegó.
Durante la etapa de estrega-recepción, antes de octubre de 2018, el entonces alcalde sustituto, Carlos Molano, había ordenado cancelar la operación del gimnasio al verificar también que el deportivo operaba de forma irregular, no pagaba impuestos.
Sólo pasaron un par de meses, pues en la primera semana que asumió como alcalde Carlos Morales, el primero de octubre de 2018, ordenó que se hiciera todo lo correspondiente para volver a abrir el local. En ese momento, la señora Urbina Salazar descubrió que el dueño era amigo del hijo del alcalde y fue éste quien intervino para que se diera la apertura.
HUELGA DE HAMBRE
A partir de ese momento, se inició una serie de trámites burocráticos para pedir la intervención de autoridades municipales del ramo, como Desarrollo Urbano, la dirección Jurídica, la realización de cuatro estudios de factibilidad de suelos que hicieron dos empresas particulares y el propio Ayuntamiento. En los cuatro los dictámenes fueron favorables a la señora que se había inconformado.
Incluso, el tema se intentó judicializar y las querellas llegaron a diversas áreas de la Fiscalía General del Estado, pero hoy en día no han prosperado debido a que el Ayuntamiento no ha podido entregar la pruebas que le solicitan.
“Es indudable que hay dilación de la justica, que hay tráfico de influencias y tan es así”, dijo Aída Rosario, “que ahora en campaña ubiqué al candidato y le cuestioné por qué nunca me recibió en su oficina y por qué la negativa a resolver mi problema”. La respuesta fue tajante y clara: “No la puedo ayudar, ya no soy presidente, ahora soy candidato”.
– ¿Pero sí conoce mi caso, si lo recuerda?
– Lo he escuchado, dijo, y se volvió para atender a otras personas que estaban a su lado.
Al entender que mientras Carlos Morales esté en el poder no podrá atender su problema, la señora anunció que, si a raíz de esta publicación no intervienen otras esferas del gobierno, una vez pasando las elecciones tomará la decisión de irse a plantar frente a Palacio de Gobierno e iniciar una huelga de hambre.
“Lo haré, pues mi salud está deteriorada por este martirio”, dijo tras recordar que la alcaldesa interina Karla Burguete Torrestiana, tampoco quiso recibirla y además de que tuvo el valor de mandarle a decir a través de su particular, Liliana Coutiño Domínguez Burguete, que “hay otras prioridades antes que atender su caso”.
El jurídico, recuerda, le sentenció una de las varias veces a las que acudió a checar cómo iba la resolución de la reubicación del inmueble: “tú caso no va a prosperar, hazle como quieras”. De todo lo que expongo, concluyó, tengo las pruebas en la mano.
