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Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

En los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales, que según el nuevo informe “México: La tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia” publicado por la Organización Mundial Contra la Tortura y la Red TDT se trata de un incremento significativo con la agravante de la pandemia por el COVID-19.

La cifra se suma a las denuncias de años anteriores, por lo que en la actualidad son más de mil 259 casos abiertos, de los cuales sólo tres fueron enviados ante un juez y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria; en el marco del fuero local, sólo en 2018 se iniciaron casi 4 mil investigaciones, pero en apenas dos casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez.

El estudio resalta el contexto de profunda militarización en el país. De esta manera, “la Guardia Nacional sigue siendo un cuerpo de seguridad militarizado, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, con dirección y composición militar, contraviniendo las propias observaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas”.

La principal institución señalada por su silencio y falta de trabajo conjunto es la Fiscalía General de la República, que aparece como un cuello de botella de muchos de los problemas que se observan actualmente, incluyendo: la falta de respuesta a solicitudes.

“Seguimos teniendo cifras ínfimas de sentencias condenatorias frente a miles de denuncias que siguen sin avanzar, reconocemos que hay esfuerzos positivos, pero son insuficientes frente a la magnitud del problema”, dijo Gerald Staberock, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

“Solicitamos una explicación pública de las autoridades competentes sobre la situación del Programa Nacional para Prevenir Sancionar la Tortura. Este programa es un instrumento vital para retomar el diálogo con la sociedad civil, proteger a las víctimas y luchar contra la impunidad”.

A pesar de la aprobación de la Ley de Amnistía y otras figuras legales no se ha reducido la sobrepoblación carcelaria, por el contrario, en 2020 se agregaron más de 14 mil personas. Entre las personas privadas de libertad, se han documentado 3 mil 456 casos de contagio por SARS-COV-2.

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