Ainer González / Diario de Chiapas
En el municipio de Chilón, las mujeres tienen prohibido pensar, exigir y ejercer sus derechos, porque el alcalde Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, es intolerante a la crítica.
Leticia Sánchez Méndez, activista y feminista del municipio de Chilón, denunció ser víctima de hostigamiento y de recibir amenazas de muerte por parte de pobladores del mismo municipio e incluso hasta de sus mismos familiares, quienes han sido auspiciadas por funcionarios municipales que ven con desacuerdo la lucha feminista que ella y otras mujeres han realizado en los últimos meses.
La también integrante de “Colectiva de Mujeres Tzeltales Esperanza Viva”, informó que, tras buscar organizar una movilización pacífica para pedir justicia y esclarecimiento al feminicidio de una menor de edad en el municipio, recibió una llamada -presuntamente- de trabajadores del Ayuntamiento de Chilón, en donde le exhortaban cancelar la marcha por órdenes del priísta Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, pero que, al objetar, comenzó el ataque en su contra.
“Así empezó la violencia digital en Facebook, empezaron a inventarme cosas, dijeron que me iban a violar, que me agarraran, que me rompieran los lentes y entre otras cosas”, expuso invadida de miedo tras alguna represalia en su contra.
Por lo anterior, lamentó que el machismo siga preponderando en su comunidad y en todo el municipio de Chilón, ya que se sabe públicamente que a las mujeres de Chilón no se les permite ejercer sus derechos como ciudadanas y como mujeres.
Tras coartarle su participación en su localidad, indicó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quienes al ver la gravedad del caso le han brindado protección; sin embargo, la activista no descartó huir de la entidad porque teme por su seguridad y la de sus padres e hijos.
“Que investigaran quiénes están detrás y si es culpable él (el presidente municipal), tienen que pagar las personas que están escondiendo para violentarme”, solicitó.
En consecuencia, exigieron que se respeten las luchas de las mujeres indígenas, la protesta y la libre manifestación, ya que no es un crimen, sino un derecho plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
