“El Estado mexicano debe atender una reparación de daño”, llamó la organización Solidarios la Voz del Amate.
Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Para la organización Solidario la Voz del Amate, es necesario que el Estado mexicano ofrezca disculpas públicas por los más de 17 años de detención y tortura del indígena Mariano Pérez Velasco a manos de agentes ministeriales.
El 3 de febrero de 2004, la casa de Mariano Pérez Velasco fue allanada por hombres vestidos de civiles que, sin identificarse, lo sacaron a golpes y se lo llevaron a un domicilio de San Cristóbal de Las Casas para torturarlo y obligarlo a colocar su huella dactilar en hojas en blanco.
Transcurrieron 17 años y ocho meses para que Mariano fuera liberado, mediante la resolución de un amparo. El pasado 19 de octubre salió del Centro de Reinserción para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas; con 43 años de edad, la pérdida de un oído y secuelas psicológicas: producto de la violencia que vivió.
“Me sentí asustado, tenía miedo, no podía respirar, lloré porque finalmente después de tantos años iba a ver a mi familia. Lo sentí en mi cuerpo y en mi corazón”, dijo Mariano en entrevista con Diario de Chiapas.
El día de su detención, su hija Martha lloraba y gritaba al verlo ensangrentado. La niña que entonces tenía ocho años, murió tras “enfermar de tristeza”. Primero adoleció del estómago, luego dejó de comer, “enfermó del corazón”.
Durante cuatro horas fue torturado, “me amarraron, me dieron choques eléctricos en los testículos, me colocaron una bolsa en la cabeza; me ataron a una silla y me sumergieron en agua”, todo con los ojos vendados.
“Y de tanto me decían: cúlpate ya, para que te dejemos de golpear. Con sus armas me apuntaban en la cabeza”.
Mariano accedió a la petición del agente y puso su huella en hojas blancas. “Así me gusta pinche indio”, recuerda escuchar decir a uno de sus verdugos.
Fue acusado de secuestro y delincuencia organizada junto a otras ocho personas aún presas, originarias de San Juan Chamula; Zacualpa, municipio de San Cristóbal; y Mitontic, donde Mariano nació.
Él desconoce lo que firmó. Entonces, no sabía leer ni escribir ni hablar castellano. El indígena tzotzil tampoco tuvo acceso a un traductor, entre otras faltas al debido proceso como ausencia de una orden de aprehensión, allanamiento de domicilio, no fue llevado al Ministerio Público y no tuvo una asistencia jurídica.
Mariano fue encarcelado durante el sexenio del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, pasando por la administración de Manuel Velasco y Juan Sabines. En ese tiempo fue trasladado de un penal a otro sin saber por qué. En Chiapas estuvo en los penales de Cintalapa, Copainalá, Pichucalco y San Cristóbal, asimismo un año y medio en un penal de Durango.
En 2020 enfermó de COVID-19 y estuvo en aislamiento con otros presos, incluso con los que compartía la misma causa. Se curaron con medicina alternativa que les aportaba la organización Solidarios la Voz del Amate.
Estar en la cárcel sin dinero para protección, para alimentos, en condiciones deplorables y ausencia de servicio médico, llevó a Mariano y a sus siete compañeros a montar un campamento de resistencia, en un pequeño espacio en el interior del CERSS número 5, donde plantaron un huerto que les proveía de algunos alimentos.
Antes de ser detenido, Mariano trabajaba como campesino, chofer y cargador en la Central de Abastos. Tras el encarcelamiento, sus hijos tuvieron que abandonar la escuela para poder llevar alimentos a su casa.
“El Estado mexicano debe atender una reparación de daño”, insistió Solidarios la Voz del Amate, aunque reconoció que “la cárcel no los ha cambiado y eso es un triunfo con mucha dignidad de los pueblos”.
Hasta ahora, Solidarios La Voz del Amate acompaña nueve casos de tortura, incluyendo el de Mariano y de ocho hombres que siguen en prisión.
Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebró la libertad de Mariano y dijo: “La presente determinación advierte la necesidad de revisar de manera pronta, diligente y urgente todos aquellos casos en los que las personas indígenas privadas de la libertad se encuentran internas en algún centro penitenciario del país en espera de una sentencia, o bien, sentenciados de manera injusta, a quienes se les han vulnerado sus garantías al debido proceso, a una defensa adecuada, y al acceso a la verdad y a la justicia, en razón de su origen étnico”.
El tema de tortura ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por organizaciones de los Altos de Chiapas, como el Centro de Derechos Humanos Bartolomé de Las Casas y Comité Digna Ochoa, que lleva otros casos.
