No hay justicia

Jeny Pascacio/Diario de Chiapas
Más de 80 organizaciones de la sociedad civil y redes de organizaciones de defensores de derechos humanos llamaron al gobierno de México y El Salvador a garantizar justicia y reparación del daño, pronta y expedita, por el feminicidio de Victoria Salazar.
El 28 de marzo se cumplió un año del asesinato de Victoria, y su familia aún enfrenta obstáculos para acceder a la justicia, como en la mayoría de casos de personas centroamericanas muertas o desaparecidas en México.
Entre las trabas están las dilaciones en el proceso penal, falta de perspectiva de género, exhaustividad y de cumplimiento de la recomendación 34/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A través de un comunicado, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) dio a conocer que las autoridades del Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, suspendieron la audiencia sin previo aviso.
Las inconsistencias en el proceso penal de Victoria y de su hija, también resultan en la demora de siete meses para el reconocimiento de la representación legal de la adolescente, incluso, en algún momento del proceso las autoridades quisieron eliminar el caso como feminicidio.
Desde la emisión de la CNDH, el 24 de agosto de 2021, la recomendación fue ignorada por las autoridades, pues hace hincapié en una disculpa pública, atención médica, psicológica y tanatológica, para la familia; la reparación del daño; y su reconocimiento como víctimas indirectas, tanto de las hijas de Victoria como de su madre y sus dos hermanos.
El Ayuntamiento de Tulum justificó el incumplimiento con el argumento de una responsabilidad compartida con la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tulum.
La representación legal del caso está en manos de la Fundación para la Justicia (FJEDD), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), Asylum Access México (AAMX) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, que señalan vacíos en la misma recomendación.
No contempla la opinión de las víctimas indirectas, no tiene una perspectiva de género ni transnacionalidad, no establece los mecanismos para el cumplimiento de ésta, no contempla los tiempos del proceso legal en la disculpa pública, y no hace hincapié en la necesidad de una investigación exhaustiva.
“La búsqueda de justicia no se limita al caso de Victoria, sino que es un proceso que busca ser la voz de miles de mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas, a las que el Estado mexicano no le garantiza la protección y el acceso a la justicia, por el contrario, las violenta reiteradamente al invisibilizarlas, discriminarlas y perpetúa la violencia institucional”, agregó el Imumi.
Victoria Salazar fue reconocida como refugiada de México en 2018. El 27 de marzo de 2021, fue asesinada a la luz del día y en la vía pública por cuatro elementos de la policía local de Tulum, Quintana Roo.
Aunque el gobierno de México y de El Salvador se comprometieron, desde el más alto nivel, a dar seguimiento al caso y garantizar acceso a la justicia, a un año de los hechos, ésta no ha llegado para la madre e hijas de la mujer centroamericana.