Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
El desalojo de viviendas no es el eje rector en las nuevas políticas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), “por eso invitamos a que los trabajadores que perdieron su relación laboral o vieron disminuida su capacidad de pago se acerquen con nosotros”, informó la delegada, Rocío Terán Cruz.
Este instituto ofrece nuevos esquemas para reestructurar el crédito y los pagos, de tal forma que los trabajadores no pierdan su patrimonio, como fue la instrucción del Ejecutivo federal. “Estamos ofreciendo una nueva política de atención, que pone en el centro al trabajador y sus necesidades, es por eso que la pérdida de la vivienda no es el primer punto que buscamos, sino ayudar a que no se pierdan el patrimonio de los trabajadores, y que tengan soluciones que les permitan pagar el crédito”.
Durante 2019, agregó, este instituto implementó diversos programas para apoyar a aquellos derechohabientes que menos tienen y más lo necesitan a conservar su vivienda en beneficio de sus familias, y este año impulsará nuevas opciones crediticias para que todo tipo de personas y familias puedan adquirir una casa.
Sólo a través del programa Responsabilidad Compartida, el año pasado se reestructuraron dos mil 199 créditos que se habían vuelto impagables, con descuentos por un monto total de 519 millones 707 mil pesos, lo que implicó descuentos en promedio de 236 mil 338 pesos para cada acreditado.
Detalló que para premiar el pago cumplido y aliviar la carga financiera de los trabajadores se implementó el programa 90 Diez, para los acreditados que ya habían pagado el 90 por ciento de su financiamiento, y que en automático se les descontó el 10 por ciento restante.
Con este esquema se benefició a 450 familias chiapanecas, por un monto global de siete millones 552 mil pesos, lo que implicó descuentos en promedio de 16 mil 783 pesos.
Destacó que además se puso en marcha el nuevo modelo de soluciones de pago con el que se privilegia la conservación del patrimonio del acreditado y se le otorgan soluciones accesibles de acuerdo a sus posibilidades de pago, esquema con el que se atendió a nueve mil 713 trabajadores.
