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Ordenan corregir investigación

Marco Alvarado / Diario de Chiapas
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) deberá corregir una investigación y la recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en relación con un posible caso de tortura, de acuerdo con una solicitud realizada por el organismo nacional.
Esto porque la recomendación del organismo local fue rechazada por las dos instituciones; la CNDH encontró motivación y fundamentos suficientes para la negativa y es por ello que deberán corregir la recomendación elaborada. Mediante la recomendación 73/2022, dirigida al presidente de la CEDH, Juan José Zepeda Bermúdez, se señaló la insuficiente investigación relacionada con dos quejas en contra de la SSyPC y la FGE, que fueron abiertas por la probable detención de una persona sin orden judicial, posible tortura y omisiones al debido proceso.
Se comprobó que en la CEDH omitieron allegarse de la información relativa a los juicios de amparo promovidos por las víctimas, que estaban relacionados con la privación ilegal de la libertad, tortura y falta de atención médica de la que, aseguraron, fueron objeto.
También se verificó que no existe en los expedientes de queja integrados por el Organismo Local, alguna evidencia o prueba que demuestre que se realizaron las valoraciones médica y psicológica basadas en los lineamientos establecidos en el Manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Por lo anterior, la CNDH pudo concluir, también, que la negativa de la Fiscalía Estatal y de la SSyPC de Chiapas para aceptar la recomendación está fundada y motivada, pues se aprecia que las autoridades responsables de su integración realizaron una investigación incompleta.
Con el análisis de las pruebas, la CNDH acreditó la responsabilidad de al menos tres personas servidoras públicas adscritas a la CEDH, quienes no realizaron las acciones pertinentes para la debida investigación de los hechos que dieron origen a la queja. Se advirtió, además, que no llevaron a cabo las acciones conducentes para identificar a las personas servidoras públicas señaladas como responsables de violaciones a los derechos humanos, ni para determinar si eran las mismas que suscribieron el informe policial y, por lo tanto, participaron en la detención de la víctima.

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